Ley N° 19574 

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 Ley N° 19574 LEY INTEGRAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS. ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA VIGENTE.DEROGACION DE ARTICULOS DEL DECRETO LEY 14.294 Y LEYES 17.835, 18.494, 18.914 Y 19.149 
 
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 Promulgación: 20/12/2017 Publicación: 10/01/2018 
 El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre se encuentra disponible en la Librería Digital de IMPO. 
 Reglamentada por: Decreto Nº 379/018 de 12/11/2018.
 Según lo dispuesto en el artículo 78 de la presente ley: 
 ver referencias normativas a la Ley Nº 17.835 
 
 Referencias a toda la norma 
 
 CAPÍTULO I - DE LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Artículo 1 (Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el
 Financiamiento del Terrorismo).- Créase la Comisión Coordinadora
 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo que
 dependerá de la Presidencia de la República y estará integrada por el
 Prosecretario de la Presidencia de la República que la presidirá, por
 el Secretario Nacional de la Secretaría Nacional para la Lucha contra
 el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo que la
 convocará y coordinará sus reuniones, por los Subsecretarios de los
 Ministerios del Interior, de Economía y Finanzas, de Defensa Nacional,
 de Educación y Cultura, de Relaciones Exteriores, el Presidente del
 Banco Central del Uruguay, el Gerente de la Unidad de Información y
 Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay, el Presidente de la
 Junta de Transparencia y Ética Pública, el Fiscal de Corte y
 Procurador General de la Nación y el Director de la Secretaría de
 Inteligencia Estratégica de Estado, quienes podrán ser representados
 mediante delegados especialmente designados al efecto. (*) (*) Notas: Redacción dada por: Ley Nº 20.469 de 19/03/2026 artículo 1 .
 Ver vigencia: Ley Nº 20.075 de 20/10/2022 artículo 5 .
 Redacción dada anteriormente por: Ley Nº 20.075 de 20/10/2022 artículo 46 .
 TEXTO ORIGINAL: 
 Ley Nº 20.075 de 20/10/2022 artículo 46 ,
 Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 1 .
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 2 (Cometidos).- La Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo impulsará, en función de los objetivos y planes definidos por el Poder Ejecutivo, el desarrollo de acciones coordinadas por parte de los organismos con competencia en la materia.

 A tales efectos, dicha Comisión promoverá el desarrollo e implementación de una red de información que contribuya a la actuación del Poder Judicial, el Ministerio Público, las autoridades policiales, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay y posibilitará la producción de estadísticas e indicadores que faciliten la revisión periódica de la efectividad del sistema, así como de programas educativos y de concientización sobre riesgos del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo dirigidos a los sectores público y privado.

 La República Oriental del Uruguay podrá aplicar sanciones y contramedidas financieras respecto de terceros países que supongan riesgos más elevados de lavado de activos, de acuerdo con la Recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional N° 19, según la propuesta que realice la Comisión Coordinadora que se crea por la presente ley, pudiendo aplicar, entre otras, las siguientes contramedidas financieras:

 A) Prohibir, limitar o condicionar los movimientos de capitales y
 sus correspondientes operaciones de cobro o pago, así como las
 transferencias de o hacia un tercer país o de nacionales o
 residentes del mismo.

 B) Someter a autorización previa los movimientos de capitales y sus
 correspondientes operaciones de cobro o pago, así como las
 transferencias de o hacia un tercer país o de nacionales o
 residentes del mismo.

 C) Requerir la aplicación de medidas reforzadas de debida diligencia
 en las relaciones de negocio u operaciones de nacionales o
 residentes de un tercer país.

 D) Establecer la comunicación sistemática de las operaciones de
 nacionales o residentes de un tercer país o que supongan
 movimientos financieros de o hacia el tercer país.

 E) Prohibir, limitar o condicionar el establecimiento o
 mantenimiento de filiales, sucursales u oficinas de
 representación de las entidades financieras de un tercer país.

 F) Prohibir, limitar o condicionar a las entidades financieras el
 establecimiento o mantenimiento de filiales, sucursales u
 oficinas de representación en el tercer país.

 G) Limitar o condicionar las relaciones de negocio o las operaciones
 financieras con el tercer país o con nacionales o residentes del
 mismo.

 H) Prohibir a los sujetos obligados la aceptación de las medidas de
 debida diligencia practicadas por entidades situadas en el tercer
 país.

 I) Requerir a las entidades financieras la revisión, modificación y,
 en su caso, terminación de las relaciones de corresponsalía con
 entidades financieras del tercer país.

 J) Someter las filiales o sucursales de entidades financieras del
 tercer país a supervisión reforzada o a examen o a auditoría
 externos.

 K) Imponer a los grupos financieros requisitos reforzados de
 información o auditoría externa respecto de cualquier filial o
 sucursal localizada o que opere en el tercer país.

 El control del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo corresponderá al Banco Central del Uruguay respecto de los sujetos obligados previstos en el artículo 12 de la presente ley y a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo respecto de los sujetos obligados previstos en el Artículo 13 de la presente ley.
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 3 (Designación de comités operativos).- La Comisión Coordinadora tendrá competencia para la realización de todas las actividades necesarias a efectos del cabal cumplimiento de su cometido, pudiendo designar comités operativos en las áreas que entienda pertinentes, determinando su integración, funciones y objetivos.

 Los comités operativos se encargarán sustancialmente del diseño y formulación de planes de acción en las áreas específicas para las que hayan sido creados, los que serán sometidos a consideración de la Comisión Coordinadora.

 Podrán asimismo, a requerimiento de la Comisión, constituirse en estructura de apoyo y asesoramiento a entidades públicas y privadas.
 Artículo 4 (Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo).- La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, como órgano desconcentrado dependiente directamente de la Presidencia de la República, diseñará las líneas generales de acción para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

 La misma actuará con autonomía técnica, y tendrá los siguientes cometidos:

 A) Elaborar y someter a consideración del Poder Ejecutivo políticas
 nacionales en materia de lavado de activos y financiamiento del
 terrorismo en coordinación con los distintos organismos
 involucrados.

 B) Proponer al Poder Ejecutivo la estrategia nacional para combatir
 el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, a partir
 del desarrollo de los componentes preventivos, represivos y de
 inteligencia financiera del sistema, asegurando la realización de
 diagnósticos periódicos generales que permitan identificar
 vulnerabilidades y riesgos, a efectos de posibilitar los ajustes
 que resulten necesarios en cuanto a objetivos, prioridades y
 planes de acción.

 C) Coordinar la ejecución de las políticas nacionales en materia de
 lavado de activos y financiamiento del terrorismo en coordinación
 con los distintos organismos involucrados.

 D) Coordinar y ejecutar, en forma permanente, programas de
 capacitación contra el Lavado de Activos y Financiamiento del
 Terrorismo destinados a:

 1) Personal de las entidades bancarias públicas y privadas y
 demás instituciones o empresas comprendidas en los artículos
 12 y 13 de la presente ley.

 2) Los operadores del derecho en materia de prevención y
 represión de las actividades previstas en los artículos
 mencionados en el numeral anterior (jueces, actuarios y
 otros funcionarios del Poder Judicial, Fiscales y asesores
 del Ministerio Público y Fiscal).

 3) Los funcionarios de los Ministerios del Interior, de Defensa
 Nacional, de Economía y Finanzas y de Relaciones
 Exteriores.

 La capacitación podrá hacerse extensiva a los funcionarios
 de todas las entidades públicas o privadas relacionadas con
 la temática del lavado de activos y el financiamiento del
 terrorismo.

 E) El control del cumplimiento de las normas de prevención de lavado
 de activos y financiamiento del terrorismo por parte de los
 sujetos obligados por el artículo 13 de la presente ley. A tales
 efectos el órgano de control dispondrá de las más amplias
 facultades de investigación y fiscalización y especialmente
 podrá:

 1) Exigir a los sujetos obligados y a todos aquellos sujetos
 que hayan tenido participación directa o indirecta en la
 transacción o negocio que se esté fiscalizando o
 investigando la exhibición de todo tipo de documentos,
 propios o ajenos, y requerir su comparecencia ante la
 autoridad administrativa para proporcionar la información
 que esta solicite.

 La no comparecencia a más de dos citaciones consecutivas
 aparejará la aplicación de una multa de acuerdo con la
 escala establecida por el artículo 13 de la presente ley.

 2) Practicar inspecciones en bienes muebles o inmuebles
 detentados u ocupados, a cualquier título, por los sujetos
 obligados y por todos aquellos sujetos que hayan tenido
 participación directa o indirecta en la transacción o
 negocio que se esté fiscalizando o investigando. Solo podrán
 inspeccionarse domicilios particulares con previa orden
 judicial de allanamiento.

 A todos los efectos se entenderá como domicilio válido del
 sujeto obligado el constituido por este ante la Dirección
 General Impositiva. En caso de sujetos obligados no
 inscriptos en la Dirección General Impositiva se estará al
 domicilio que se proporcione por la Jefatura de Policía
 Departamental que corresponda.

 F) Suscribir convenios con entidades nacionales e internacionales
 para el cumplimiento de sus cometidos, a cuyo efecto recabará
 previamente la conformidad de la Presidencia de la República.

 G) Elaborar y difundir estadísticas periódicas sobre el
 funcionamiento del sistema nacional de prevención del lavado de
 activos y el financiamiento del terrorismo. A estos efectos,
 todos los órganos que posean información relevante en la materia
 deberán proporcionar la información que requiera la Secretaría en
 los plazos establecidos por esta. En particular, el Poder
 Judicial proporcionará los datos estadísticos sobre los procesos
 judiciales vinculados con el delito de lavado de activos, sus
 actividades delictivas precedentes y el financiamiento del
 terrorismo.

 H) Ejecutar las sanciones pecuniarias que imponga mediante
 resolución.

 La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y 
 el Financiamiento del Terrorismo tendrá acción ejecutiva para el 
 cobro de los créditos que resulten a su favor según las 
 resoluciones definitivas mediante las cuales se impongan sanciones 
 pecuniarias. A tal efecto, constituirán títulos ejecutivos los 
 testimonios de las mismas.

 Solo serán admisibles las excepciones de inhabilidad del título, 
 falta de legitimación pasiva, extinción de la deuda, espera 
 concedida con anterioridad al embargo y las previstas en el 
 artículo 133 de Código General del Proceso.

 Se podrá oponer la excepción de inhabilidad cuando el título no 
 reúna los requisitos formales exigidos por la ley o existan 
 discordancias entre él y los antecedentes administrativos en que 
 se fundamente, y la excepción de falta de legitimación pasiva 
 cuando la persona jurídica o física contra la cual se dictó la 
 resolución que se ejecuta sea distinta del demandado en el juicio.

 I) Auxiliar en la investigación económico-financiera de los delitos 
 de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a la Fiscalía
 Especializada en Delitos de Lavado de Activos, con amplias 
 facultades de actuación, investigación y asesoramiento.

 J) Dictar resoluciones e instrucciones de carácter general 
 vinculantes para los sujetos obligados previstos por el artículo 
 13 de la presente ley en materia de prevención y lucha contra el 
 lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el 
 financiamiento de la proliferación de armas de destrucción 
 masiva. (*) (*) Notas: Literales I) y J) ver vigencia: Ley Nº 20.075 de 20/10/2022 artículo 5 .
Literales I) y J) agregado/s por: Ley Nº 20.075 de 20/10/2022 artículo 44 .
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 5 (Secretario Nacional).- La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo estará a cargo de un Secretario Nacional, designado por el Presidente de la República, que tendrá las siguientes atribuciones:

 A) Convocar a la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y
 el Financiamiento del Terrorismo.

 B) Supervisar, coordinar y evaluar la ejecución de las actividades
 de apoyo técnico y administrativo necesarias para el
 funcionamiento de la Comisión Coordinadora.

 C) Comunicarse y requerir información de todas las dependencias del
 Estado para el mejor cumplimiento de los cometidos de la Comisión
 Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del
 Terrorismo. Las dependencias del Poder Ejecutivo deberán brindar
 toda la información solicitada en el plazo más breve posible.

 Los entes autónomos y servicios descentralizados deberán
 colaborar con las solicitudes formuladas.

 D) Promover y coordinar las acciones referidas al problema de lavado
 de activos y delitos económico-financieros relacionados y el
 financiamiento del terrorismo.

 E) Implementar las actividades de capacitación en la materia,
 coordinando programas y convocatorias con el Poder Judicial, los
 Ministerios de Economía y Finanzas, de Defensa Nacional, del
 Interior y de Relaciones Exteriores, el Ministerio Público y
 Fiscal y demás organismos y entidades públicas y privadas que
 corresponda.

 F) Promover la realización periódica de eventos que posibiliten la
 coordinación de acciones y la unificación de criterios entre las
 distintas instituciones públicas y privadas involucradas en la
 temática del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

 G) Actuar como Coordinador Nacional ante el Grupo de Acción
 Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y asumir la representación
 del país ante todos los organismos especializados y eventos
 nacionales e internacionales en la materia.

 H) Procurar la obtención de la cooperación necesaria para el mejor
 cumplimiento de los cometidos de la Secretaría Nacional para la
 Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del
 Terrorismo en materia de capacitación y difusión, coordinando
 acciones a estos efectos con organismos y entidades nacionales e
 internacionales.
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 6 (Acceso a la información por parte de la Secretaría
 Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento
 del Terrorismo).- La Secretaría Nacional para la Lucha contra el
 Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo estará facultada
 para solicitar informes, antecedentes y todo elemento que estime útil
 para el cumplimiento de sus funciones a los obligados por esta ley y a
 todos los organismos públicos así como a las personas de derecho
 público no estatal y las sociedades anónimas en las que participe el
 Estado, los que se encontrarán obligados a proporcionarlos dentro del
 término fijado por la Secretaría, no siéndole oponibles a esta
 disposiciones vinculadas al secreto o la reserva de ningún tipo, con
 la única excepción de la obligación establecida a la Unidad de
 Información y Análisis Financiero en el inciso cuarto del artículo 22
 de la presente ley, con respecto a la identidad de los sujetos
 obligados que presentaron un reporte de operación sospechosa (ROS),
 los firmantes de estos reportes y la información recibida de Unidades
 de Inteligencia Financiera del Exterior cuando no cuente con una
 autorización expresa para compartirla o utilizarla en un proceso penal
 o administrativo en Uruguay.

 El obligado o requerido no podrá poner en conocimiento de las personas
 involucradas ni de terceros las actuaciones e informes que realice o
 produzca en cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.

 Los organismos públicos facilitarán el acceso directo de la Secretaría
 Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento
 del Terrorismo a sus fuentes de información, a efectos de asegurar la
 agilidad y reserva de las investigaciones.

 Los funcionarios que violaran la obligación de reserva a que refiere
 el presente artículo incurrirán en el delito establecido en el
 artículo 5° de la Ley N° 18.930, de 17 de julio de 2012, en la
 redacción dada por el artículo 1° de la Ley N° 20.018, de 23 de
 diciembre de 2021, sobre Convergencia Técnica en materia de
 Transparencia Fiscal Internacional. En el caso de que la información
 haya sido solicitada por la Justicia Penal, la Fiscalía o sus
 auxiliares, la obligación de reserva y el régimen sancionatorio
 aplicable a los funcionarios intervinientes se regirán por sus normas
 específicas. (*) (*) Notas: Redacción dada por: Ley Nº 20.469 de 19/03/2026 artículo 1 .
 Ver en esta norma, artículos: 22 y 23 .
 TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 6 .
 Artículo 7 (Envío de información a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo).- La Unidad de información y Análisis Financiero proporcionará a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en la forma y con la periodicidad que ambos organismos acuerden, la información disponible en sus bases de datos que pueda resultar de utilidad para la supervisión de los sujetos obligados comprendidos en el artículo 13 de la presente ley. A estos efectos, se proporcionará la siguiente información:

 A) Estadísticas e información sobre todos los reportes de
 operaciones sospechosas presentados por los sujetos obligados no
 financieros, detallando las características de dichas
 transacciones y los indicios de inusualidad o sospecha que
 motivaron la decisión de presentar el reporte en cada caso. La
 información que proporcione la Unidad de Información y Análisis
 Financiero no incluirá en ningún caso los datos identificatorios
 de las personas físicas y jurídicas involucradas en los
 reportes.

 B) Estadísticas e información detallada sobre las transacciones
 financieras realizadas por estos sujetos obligados, a partir de
 los reportes sistemáticos presentados por las instituciones
 financieras a la base de datos de la Unidad de información y
 Análisis Financiero.

 C) Análisis de riesgos sectoriales elaborados por la Unidad de
 Información y Análisis Financiero.

 D) Otros informes de análisis operativo y estratégico que elabore la
 Unidad de Información y Análisis Financiero y que resulten de
 utilidad para el cumplimiento de los cometidos asignados a la
 Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y
 el Financiamiento del Terrorismo.
 Artículo 8 (Colaboración del sector público).- Todos los organismos públicos deberán contribuir a la prevención y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, adoptando políticas y procedimientos que permitan mitigar los riesgos inherentes a las actividades que se desarrollen en cada caso.

 Toda autoridad o funcionario público que, en cumplimiento de sus funciones tome conocimiento de actos o hechos que puedan estar vinculados al delito de lavado de activos o al delito de financiamiento del terrorismo lo informará a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo la que en caso de corresponder, pondrá la situación en conocimiento de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay.

 El Poder Ejecutivo procederá a reglamentar las obligaciones previstas en este artículo.
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 9 (Prohibiciones).- El Presidente y Vicepresidente de la República, los Senadores y Representantes Nacionales, los Ministros y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales de Secretaría de los Ministerios, los Directores de Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Personas Públicas No Estatales y cualquier cargo político y de particular confianza, no podrán ser accionistas, beneficiarios finales, ni tener ningún tipo de vinculación, con sociedades comerciales domiciliadas en jurisdicciones de nula o baja tributación, mientras se desempeñan en el cargo público.
 (*) Notas: Reglamentado por: Decreto Nº 380/018 de 12/11/2018.
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 10 (Obligación de brindar asesoramiento).- Todos los
 organismos del Estado, así como las personas de derecho público no
 estatal y las sociedades anónimas en las que participa el Estado, se
 encuentran obligados a brindar el asesoramiento que requieran las
 fiscalías penales intervinientes en las causas vinculadas a lavado de
 activos y delitos precedentes, a través del aporte de personal
 especializado que actuará como auxiliar de la fiscalía en la
 investigación. (*) (*) Notas: Redacción dada por: Ley Nº 20.469 de 19/03/2026 artículo 1 .
 TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 10 .
 Artículo 11 (Obligación de colaborar).- Las entidades públicas,
 cualquiera sea su naturaleza jurídica, y en el marco de sus
 respectivas competencias están obligadas a brindar información,
 asesoramiento y colaboración en los aspectos y de la forma en que lo
 requieran las fiscalías penales intervinientes en las causas
 vinculadas a lavado de activos y delitos precedentes. (*) (*) Notas: Redacción dada por: Ley Nº 20.469 de 19/03/2026 artículo 1 .
 TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 11 .
 CAPÍTULO II - SISTEMA PREVENTIVO Artículo 12 (Sujetos obligados financieros).- Todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estarán obligadas a informar las transacciones, realizadas o no, que en los usos y costumbres de la respectiva actividad resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada. También deberán ser informadas las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud,
a efectos de prevenir los delitos de lavado de activos tipificados en los artículos 30 a 33 de la presente ley y de prevenir asimismo el delito de financiamiento del terrorismo. En este último caso, la obligación de informar alcanza incluso a aquellas operaciones que -aun involucrando activos de
origen lícito- se sospeche que están vinculadas a las personas físicas o jurídicas comprendidas en dicho delito o destinados a financiar cualquier actividad terrorista. 

 La información deberá comunicarse a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay, en la forma que este reglamentará. 

 La obligación de informar comprenderá, asimismo, a las empresas de transporte de valores. 

 La supervisión de la actividad de estos sujetos obligados estará a cargo del Banco Central del Uruguay. 

 Las empresas aseguradoras y reaseguradoras estarán alcanzadas por la obligación de informar únicamente cuando participen en actividades relacionadas con la suscripción y colocación de seguros de vida y otros seguros relacionados con la inversión. 

 El incumplimiento de la obligación de informar determinará la aplicación, según las circunstancias del caso, de las sanciones y medidas administrativas previstas en el Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, y sus modificativas.(*) (*) Notas: Redacción dada por: Ley Nº 19.889 de 09/07/2020 artículo 226 .
 Ver en esta norma, artículos: 13 , 14 , 22 , 23 , 24 y 29 .
Ley Nº 20.212 de 06/11/2023 artículo 109 .
 TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 12 .
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 13 (Sujetos obligados no financieros).- Con las mismas
 condiciones también estarán sujetos a la obligación establecida en el
 artículo anterior:

 A) Los casinos.

 B) Las inmobiliarias, promotores inmobiliarios, empresas constructoras 
 y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles, 
 con excepción de los arrendamientos.

 C) Los abogados, únicamente cuando actúen a nombre y por cuenta de sus
 clientes en las operaciones que a continuación se detallan y en 
 ningún caso por cualquier tipo de asesoramiento que den a sus 
 clientes:

 1) Promesas, cesiones de promesas, dación en pago, permutas o
 compraventas de bienes inmuebles y todo tipo de transacciones
 inmobiliarias realizadas total o parcialmente con activos 
 virtuales.

 2) Administración del dinero, valores u otros activos del cliente.

 3) Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores.

 4) Organización de aportes para la creación, operación o 
 administración de sociedades.

 5) Creación, operación o administración de personas jurídicas,
 fideicomisos u otros institutos jurídicos.

 6) Promesas, cesiones de promesas, dación en pago, permutas o 
 compraventa de establecimientos comerciales, incluidas las 
 realizadas total o parcialmente con activos virtuales.

 7) Actuación por cuenta de clientes en cualquier operación 
 financiera o inmobiliaria.

 8) Las actividades descriptas en el literal H) del presente 
 artículo.

 Tratándose de venta de personas jurídicas, fideicomisos u otros
 institutos jurídicos, estarán obligados tanto cuando actúen a nombre
 propio como a nombre y por cuenta de un cliente.

 D) Los escribanos o cualquier otra persona física o jurídica, cuando
 participen en la realización de las siguientes operaciones para sus
 clientes y en ningún caso por cualquier tipo de asesoramiento que 
 les presten:

 1) Promesas, cesiones de promesas, dación en pago, permutas o
 compraventas de bienes inmuebles y todo tipo de transacciones
 inmobiliarias realizadas total o parcialmente con activos 
 virtuales.

 2) Administración del dinero, valores u otros activos del cliente.

 3) Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores.

 4) Organización de aportes para la creación, operación o 
 administración de sociedades.

 5) Creación, operación o administración de personas jurídicas,
 fideicomisos u otros institutos jurídicos.

 6) Promesas, cesiones de promesas, dación en pago, permutas o 
 compraventa de establecimientos comerciales, incluidas las 
 realizadas total o parcialmente con activos virtuales.

 7) Actuación por cuenta de clientes en cualquier operación 
 financiera o inmobiliaria.

 8) Las actividades descriptas en el literal H) del presente 
 artículo.

 E) Los rematadores.

 F) Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la intermediación o
 mediación en operaciones de compraventa de antigüedades, obras de
 arte, metales y piedras preciosas.

 G) Los explotadores y usuarios directos e indirectos de zonas francas,
 con respecto a los usos y actividades que determine la
 reglamentación.

 H) Los proveedores de servicios societarios, fideicomisos y, en 
 general, cualquier persona física o jurídica cuando en forma 
 habitual realicen transacciones para sus clientes sobre las 
 siguientes actividades:

 1) Constituir sociedades u otras personas jurídicas.

 2) Integrar el directorio o ejercer funciones de dirección de una
 sociedad, socio de una asociación o funciones similares en 
 relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona 
 ejerza dichas funciones, en los términos que establezca la 
 reglamentación.

 3) Facilitar un domicilio social o sede a una sociedad, una 
 asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídica, en 
 los términos que establezca la reglamentación.

 4) Ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso o instrumento
 jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas 
 funciones.

 5) Ejercer funciones de accionista nominal por cuenta de otra 
 persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado 
 regulado y estén sujetas a requisitos de información conforme a 
 derecho, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones, en 
 los términos que establezca la reglamentación.

 6) Venta de personas jurídicas, fideicomisos u otros institutos
 jurídicos.

 I) Las asociaciones civiles, fundaciones, partidos políticos,
 agrupaciones, sindicatos, organizaciones empresariales y en general,
 cualquier organización sin fines de lucro con o sin personería.

 J) Los contadores públicos y otras personas físicas o jurídicas que
 actúen en calidad de independientes y que participen en la 
 realización de las siguientes operaciones o actividades para sus 
 clientes y en ningún caso por cualquier tipo de asesoramiento que 
 les presten:

 1) Promesas, cesiones de promesas, dación en pago, permutas,
 compraventas de bienes inmuebles y todo tipo de transacciones 
 inmobiliarias realizadas total o parcialmente con activos 
 virtuales.

 2) Administración del dinero, valores u otros activos del cliente.

 3) Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores.

 4) Organización de aportes para la creación, operación o 
 administración de sociedades.

 5) Creación, operación o administración de personas jurídicas u 
 otros institutos jurídicos.

 6) Promesas, cesiones de promesas, dación en pago, permutas o
 compraventas de establecimientos comerciales, incluidas las 
 realizadas total o parcialmente con activos virtuales.

 7) Actuación por cuenta de clientes en cualquier operación 
 financiera o inmobiliaria.

 8) Las actividades descriptas en el literal H) del presente 
 artículo.

 9) Confección de informes de revisión limitada de estados contables 
 en las condiciones que establezca la reglamentación.

 10) Confección de informes de auditoría de estados contables.

 K) Las administradoras de fondos de ahorro previsional.

 L) Las sociedades anónimas deportivas.

 M) Fiduciarios no financieros (generales o profesionales no 
 financieros), salvo cuando el fiduciario sea una persona física o 
 jurídica sujeta al control del Banco Central del Uruguay por 
 desarrollar algún tipo de actividad financiera.

 N) Prestadores de servicios de administración, contabilidad o
 procesamiento de datos a que hace referencia el artículo 25 de la
 presente ley.

 Los sujetos obligados mencionados en los literales C), D) y J) del
 presente artículo, no estarán alcanzados por la obligación de reportar
 transacciones inusuales o sospechosas ni aun respecto de las
 operaciones especificadas en dichos numerales si la información que
 reciben de uno de sus clientes o a través de uno de sus clientes se
 obtuvo para verificar el estatus legal de su cliente o en el marco del
 ejercicio del derecho de defensa en asuntos judiciales,
 administrativos, arbitrales o de mediación.

 La información sobre operaciones inusuales o sospechosas deberá
 comunicarse a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco
 Central del Uruguay. Esta unidad, en coordinación con la Secretaría
 Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento
 del Terrorismo, reglamentará la forma en que se realizará dicha
 comunicación.

 Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer, por vía reglamentaria, los
 requisitos que deberán cumplir estos sujetos obligados, para el
 registro de transacciones, el mantenimiento de los respectivos
 asientos y el desarrollo de la debida diligencia de los clientes,
 accionistas, socios, inversores o aportantes de fondos a cualquier
 título. Cuando los sujetos obligados participen en un organismo
 gremial que, por el número de sus integrantes, represente
 significativamente a la profesión u oficio de que se trate, el
 organismo de control en materia de lavado de activos y financiamiento
 del terrorismo podrá coordinar con dichas entidades la mejor manera de
 instrumentar el cumplimiento por parte de los agremiados o asociados
 de sus obligaciones en la materia. Si no existieran dichas entidades,
 el órgano de control podrá crear comisiones interinstitucionales cuya
 integración, competencia y funcionamiento serán establecidos por la
 reglamentación.

 El incumplimiento de las obligaciones previstas para los sujetos
 obligados por el presente artículo determinará la aplicación de
 sanciones por parte de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el
 Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

 Dichas sanciones se aplicarán apreciando la entidad de la infracción y
 los antecedentes del infractor y consistirán en apercibimiento,
 observación, multa o suspensión del sujeto obligado, cuando
 corresponda, en forma temporaria o, con previa autorización judicial,
 en forma definitiva.

 También podrán aplicarse sanciones a los directivos y la alta gerencia
 de los sujetos obligados para el caso que se acredite fehacientemente
 que esos directivos o integrantes de la alta gerencia no actuaron con
 la debida diligencia prevista por la normativa. Las sanciones
 consistirán en apercibimiento, observación o multa.

 Las suspensiones temporarias no podrán superar el límite de tres
 meses.

 El monto de las multas se graduará entre un mínimo de 1.000 UI (mil
 unidades indexadas) y un máximo de 20.000.000 UI (veinte millones de
 unidades indexadas) según las circunstancias del caso, la conducta y
 el volumen de negocios habituales del infractor. El Poder Ejecutivo
 establecerá los plazos, la forma y las condiciones en que se deberá
 dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en este artículo.

 La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el
 Financiamiento del Terrorismo podrá requerir a los sujetos obligados
 mencionados en este artículo información periódica de todo elemento
 que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, los que estarán
 obligados a proporcionarla, bajo apercibimiento de que se apliquen las
 sanciones previstas en el presente artículo. (*) (*) Notas: Redacción dada por: Ley Nº 20.469 de 19/03/2026 artículo 1 .
 Ver vigencia: 
 Ley Nº 20.212 de 06/11/2023 artículo 2 ,
 Ley Nº 20.130 de 02/05/2023 artículo 6 .
 Redacción dada anteriormente por: 
 Ley Nº 20.212 de 06/11/2023 artículo 95 ,
 Ley Nº 20.130 de 02/05/2023 artículo 256 .
 Ver en esta norma, artículos: 14 , 17 , 22 , 23 y 24 .
 TEXTO ORIGINAL: 
 Ley Nº 20.212 de 06/11/2023 artículo 95 ,
 Ley Nº 20.130 de 02/05/2023 artículo 256 ,
 Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 13 .
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 14 (Debida diligencia de clientes).- Los sujetos obligados mencionados en los artículos 12 y 13 de la presente ley deberán definir e implementar políticas y procedimientos de debida diligencia para todos sus clientes, que les permitan obtener una adecuada identificación y conocimiento de los mismos -incluyendo el beneficiario final de las transacciones si correspondiere-, y prestando atención al volumen y a la índole de los negocios u otras actividades que estos desarrollen.

 En ningún caso los sujetos obligados podrán mantener cuentas anónimas o cuentas con nombres ficticios.

 Los procedimientos de debida diligencia se deberán aplicar a todos los nuevos clientes, al establecer relaciones comerciales o cuando realicen transacciones ocasionales por encima de los umbrales designados para cada actividad. Cuando existan sospechas de lavado de activos o financiamiento del terrorismo o cuando el sujeto obligado tenga dudas sobre la veracidad o suficiencia de los datos de conocimiento del cliente obtenidos previamente, también se deberán aplicar los procedimientos previstos en el artículo siguiente, con independencia de cualquier excepción, exención o umbral establecido.
 (*) Notas: Ver en esta norma, artículos: 16 y 21 .
 Artículo 15 (Medidas de debida diligencia de cliente).- En la aplicación de las medidas de debida diligencia, se deberá:

 A) Identificar y verificar la información sobre los clientes,
 utilizando datos e información confiable de fuentes
 independientes.

 B) Identificar al beneficiario final y tomar medidas razonables para
 verificar su identidad. Se entenderá por beneficiario final a la
 persona física que, directa o indirectamente, posea como mínimo
 el 15% (quince por ciento) del capital o su equivalente, o de los
 derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final
 sobre una entidad, considerándose tal una persona jurídica, un
 fideicomiso, un fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de
 afectación o estructura jurídica. Se entenderá también por
 beneficiario final a la persona física que aporta los fondos para
 realizar una operación o en cuya representación se lleva a cabo
 una operación.

 Se entenderá como control final el ejercido directa o
 indirectamente a través de una cadena de titularidad o a través
 de cualquier otro medio de control.

 En el caso de los fideicomisos deberá identificarse a la o las
 personas físicas que cumplan con las condiciones dispuestas en
 los incisos precedentes en relación al fideicomitente, fiduciario
 y beneficiario.

 C) Obtener información sobre el propósito de la relación comercial y
 la naturaleza de los negocios a desarrollar, con la extensión y
 profundidad que el sujeto obligado considere necesaria en función
 del riesgo que le asigne al cliente, relación comercial o tipo de
 transacción a realizar.

 D) Realizar, cuando corresponda, un seguimiento continuo de la
 relación comercial y examinar las transacciones para asegurarse
 que sean consistentes con la información disponible de
 conocimiento del cliente y el perfil de riesgo asignado al mismo,
 incluyendo el origen de los fondos cuando sea necesario.
 (*) Notas: Ver en esta norma, artículos: 16 y 21 .
 Artículo 16 (Aplicación de las medidas de debida diligencia).- Los sujetos obligados implementarán cada una de las medidas de debida diligencia previstas en los artículos 14 y 15 de la presente ley, pero podrán determinar el grado de aplicación de dichas medidas en función del riesgo y dependiendo del tipo de cliente, relación de negocios, producto u operación. En todos los casos, los sujetos obligados deberán estar en condiciones de demostrar a las autoridades competentes que las medidas adoptadas tienen un alcance adecuado en relación con el riesgo de lavado de activos o financiamiento del terrorismo que representan mediante la presentación de un análisis de riesgo que deberá constar por escrito.

 Las medidas de debida diligencia deberán aplicarse a todos los nuevos clientes y, asimismo, a los clientes existentes en función de su importancia relativa y de un análisis del riesgo. Los sujetos obligados deberán establecer políticas que contemplen la revisión y actualización periódica de los datos y las informaciones existentes sobre los clientes, especialmente en las categorías de mayor riesgo.

 En todo caso, los sujetos obligados aplicarán a los clientes existentes las medidas de debida diligencia cuando se proceda a la contratación de nuevos productos o cuando se produzca una operación significativa por su volumen o complejidad. La verificación de la identidad del cliente o del beneficiario final deberá realizarse antes o durante el establecimiento de la relación comercial o al realizar transacciones para clientes ocasionales. En casos determinados, cuando los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo se puedan manejar con efectividad y cuando resulte esencial para no interrumpir el normal desarrollo de la actividad, los sujetos obligados podrán completar la verificación en un plazo razonable luego del establecimiento de la relación con el cliente.

 Los sujetos obligados no establecerán relaciones de negocios ni ejecutarán operaciones cuando no puedan aplicar las medidas de debida diligencia previstas en esta ley. Cuando se aprecie esta imposibilidad en el curso de la relación de negocios, los sujetos obligados pondrán fin a la misma, procediendo a considerar la pertinencia de realizar un reporte de operación sospechosa a la Unidad de Información y Análisis Financiero, según lo que determine la reglamentación.
 (*) Notas: Ver en esta norma, artículo: 21 .
 Artículo 17 (Medidas simplificadas de debida diligencia).- Los
 sujetos obligados podrán aplicar, en los supuestos y con las
 condiciones que se determinen reglamentariamente, medidas
 simplificadas de debida diligencia respecto de aquellos clientes,
 productos u operaciones que comporten un riesgo reducido de lavado de
 activos o financiamiento del terrorismo. (*) (*) Notas: Redacción dada por: Ley Nº 20.469 de 19/03/2026 artículo 1 .
Incisos 2º), 3º) y 4º) anteriormente agregado/s por: Ley Nº 19.889 de 
09/07/2020 artículo 225 .
 Ver en esta norma, artículo: 21 .
 TEXTO ORIGINAL: 
 Ley Nº 19.889 de 09/07/2020 artículo 225 ,
 Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 17 .
 Artículo 18 (Aplicación de medidas simplificadas de debida diligencia).- La aplicación de medidas simplificadas de debida diligencia será graduada en función del riesgo, con arreglo a los siguientes criterios:

 A) Con carácter previo a la aplicación de medidas simplificadas de
 debida diligencia respecto de un determinado cliente, producto u
 operación, de acuerdo con lo que determine la reglamentación, los
 sujetos obligados verificaran que comporta efectivamente un
 riesgo reducido de lavado de activos o financiamiento del
 terrorismo.

 B) La aplicación de las medidas simplificadas de debida diligencia
 serán en todo caso congruentes con el riesgo. Los sujetos
 obligados no aplicarán o cesarán de aplicar medidas simplificadas
 de debida diligencia tan pronto como aprecien que un cliente,
 producto u operación no comporta riesgos reducidos de lavado de
 activos o financiamiento del terrorismo.

 C) Sin perjuicio de lo señalado en los literales anteriores, los
 sujetos obligados mantendrán en todo caso un seguimiento continuo
 suficiente para detectar operaciones susceptibles de examen
 especial de conformidad con el capítulo de sanciones financieras
 relativas a la prevención y represión del terrorismo y su
 financiación y a la prevención, supresión e interrupción de la
 proliferación de armas de destrucción masiva previstas en la Ley
 Integral Antiterrorismo.
 (*) Notas: Ver en esta norma, artículo: 21 .
 Artículo 19 (Medidas de debida diligencia intensificada).- En la aplicación de un enfoque de riesgos, los sujetos obligados deberán intensificar el procedimiento de debida diligencia para las categorías de clientes, relaciones comerciales u operaciones de mayor riesgo, tales como los clientes no residentes -especialmente los que provengan de países que no cumplen con los estándares internacionales en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo- operaciones que no impliquen la presencia física de las partes, prestando atención a las amenazas que puedan surgir de la utilización de tecnologías nuevas o en desarrollo que favorezcan el anonimato en las transacciones y en general todas aquellas operaciones que presenten características de riesgo o señales de alerta, según lo que determine la reglamentación.

 Asimismo, se deberán definir procedimientos especiales de debida diligencia para:

 A) Las personas políticamente expuestas (así como las relaciones con
 estos, sus familiares y asociados cercanos), según la definición
 dada por el artículo siguiente de la presente ley.

 B) Las personas jurídicas, en especial las sociedades con acciones
 al portador.

 C) Los fideicomisos, para determinar su estructura de control y sus
 beneficiarios finales.
 (*) Notas: Ver en esta norma, artículo: 21 .
 Artículo 20 (Personas políticamente expuestas).- Se entiende por personas políticamente expuestas a aquellas que desempeñan o han desempeñado en los últimos cinco años funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero, tales como: jefes de Estado o de Gobierno, políticos de
jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales, o militares de alta
jerarquía, representantes y senadores del Poder Legislativo, dirigentes
destacados de partidos políticos, directores y altos ejecutivos de empresas estatales y otras entidades públicas.

También se entiende como personas políticamente expuestas a aquellas personas que desempeñan o han desempeñado en los últimos cinco años una función de jerarquía en un organismo internacional, como ser: miembros de la alta gerencia, directores, subdirectores, miembros de la junta o funciones equivalentes. (*) (*) Notas: Redacción dada por: Ley Nº 19.670 de 15/10/2018 artículo 31 .
 Ver vigencia: Ley Nº 19.670 de 15/10/2018 artículo 2 .
 TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 20 .
 Artículo 21 (Conservación de registros).- Los sujetos obligados deberán conservar los registros de todas las operaciones realizadas con sus clientes o para sus clientes, tanto nacionales como internacionales, incluyendo además, toda la información de conocimiento del cliente obtenido en el proceso de debida diligencia establecido en los artículos precedentes, por un plazo mínimo de cinco años después de terminada la relación comercial o de concretada la operación ocasional o por un plazo mayor que podrá alcanzar hasta los diez años, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

 Los registros de las operaciones y de la información obtenida y confeccionada en el proceso de debida diligencia deberán ser suficientes para permitir la reconstrucción de las operaciones individuales y constituir elementos de prueba en sede jurisdiccional, en caso de ser necesario.

 Estos registros y la información sobre clientes y operaciones se deberán poner a disposición de las autoridades supervisoras y del tribunal penal competente, a su requerimiento.
 Artículo 22 (Obligación de reserva).- La comunicación será reservada. Ningún sujeto obligado, incluyendo las personas relacionadas contractualmente con él, podrá poner en conocimiento de las personas participantes o de terceros las actuaciones e informes que sobre ellas realicen o produzcan, en cumplimiento de la obligación impuesta en los artículos 6°, 12, 13 y 26 de la presente ley y de las sanciones financieras relativas a la prevención y represión del terrorismo y su financiamiento y a la prevención, supresión e interrupción de la proliferación de armas de destrucción masiva.

 Quienes incumplan con esta obligación serán pasibles de las sanciones previstas en los artículos 12 y 13, respectivamente.

 Una vez recibido el reporte, la Unidad de Información y Análisis Financiero podrá instruir a quien lo haya formulado sobre la conducta a seguir con respecto a las transacciones de que se trate y a la relación comercial con el cliente. Si en el plazo de tres días hábiles la Unidad no imparte instrucciones, el obligado podrá adoptar la conducta que estime más adecuada a sus intereses.

 Toda vez que la Unidad de Información y Análisis Financiero reciba un reporte de operación sospechosa deberá guardar estricta reserva respecto de la identidad del sujeto obligado que lo haya formulado, así como de la identidad del firmante del mismo. Este principio se aplica igualmente a toda información que pueda obtener la unidad proveniente de Unidades de Inteligencia Financiera del exterior, la cual no podrá ser utilizada en un proceso penal o administrativo en Uruguay ni compartida con otra autoridad pública, salvo que el organismo del exterior lo autorice expresamente.
 (*) Notas: Ver en esta norma, artículo: 28 .
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 23 (Exención de responsabilidad).- El cumplimiento de buena fe de la obligación de informar prevista en los artículos 6°, 12, 13 y 26 de la presente ley y de las sanciones financieras relativas a la prevención y represión del terrorismo y su financiamiento y a la prevención, supresión e interrupción de la proliferación de armas de destrucción masiva, en tanto se ajuste a los procedimientos que al respecto establezca el Banco Central del Uruguay o el Poder Ejecutivo en su caso, por constituir obediencia a una norma legal dictada en función del interés general (artículo 7° de la Constitución de la República) no configurará violación de secreto o reserva profesional ni mercantil. En consecuencia, no generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa ni de ninguna otra especie.
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 24 (Inmovilización de fondos).- La Unidad de Información y
 Análisis Financiero por resolución fundada podrá instruir a los
 sujetos obligados por los artículos 12 y 13 de la presente ley para
 que impidan, por un plazo de hasta cinco días hábiles, la realización
 de operaciones sospechosas de involucrar fondos cuyo origen proceda de
 los delitos cuya prevención procura esta norma, la ejecución de
 cualquier tipo de orden que implique la devolución, traspaso o
 transferencia de activos o sus títulos representativos brindadas por
 personas físicas o jurídicas sobre las cuales existan fundadas
 sospechas de su vinculación con esos delitos, así como también el
 acceso a cofres de seguridad a los que se encuentren vinculados a
 cualquier título esas personas físicas o jurídicas. La decisión deberá
 comunicarse inmediatamente a la fiscalía penal, la que, consideradas
 las circunstancias del caso, determinará si correspondiere solicitar
 al tribunal penal competente, sin previa notificación, la
 inmovilización de los activos de los partícipes, sus títulos
 representativos, así como el acceso a los cofres de seguridad. La
 resolución que adopte el tribunal penal competente sea confirmando o
 rechazando la decisión adoptada por la Unidad de Información y
 Análisis Financiero, será comunicada a esa Unidad, la que a su vez
 deberá ponerla en conocimiento de los sujetos obligados involucrados.

 Tratándose de los sujetos obligados financieros, la inmovilización de
 fondos referida en el inciso anterior se aplicará a las cuentas
 correspondientes y comprenderá los saldos actuales e ingresos futuros
 de fondos o valores a dicha cuenta. En caso de cotitularidad de una
 cuenta, se aplicará dicha medida al total de los fondos o valores
 actuales o futuros depositados en esa cuenta, sin perjuicio de las
 liberaciones parciales que el tribunal penal competente pueda
 disponer, a solicitud de la Fiscalía o de terceros de buena fe que
 hubiesen sido afectados por la medida. (*) (*) Notas: Redacción dada por: Ley Nº 20.469 de 19/03/2026 artículo 1 .
 Ver en esta norma, artículo: 52 .
 TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 24 .
 Artículo 25 (Prestadores de servicios de administración, contabilidad
 o procesamiento de datos).- Las personas físicas o jurídicas que
 actuando desde el territorio nacional presten servicios de
 administración, contabilidad o procesamiento de datos en apoyo a la
 gestión de negocios de personas físicas o jurídicas que, en forma
 profesional y habitual, desarrollen actividades financieras en el
 exterior, deberán registrarse ante la Secretaría Nacional para la
 Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo,
 condiciones que esta reglamentará en cuanto servicios alcanzados y
 registro. (*) (*) Notas: Redacción dada por: Ley Nº 20.469 de 19/03/2026 artículo 1 .
 TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 25 .
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 26 (Acceso a la información por parte de la Unidad de Información y Análisis Financiero).- La Unidad de Información y Análisis Financiero estará facultada para solicitar informes, antecedentes y todo elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones a los obligados por esta ley y a todos los organismos públicos, los que se encontrarán obligados a proporcionarlos dentro del término fijado por la Unidad, no siéndole oponibles a esta disposiciones vinculadas al secreto o la reserva.

 El obligado o requerido no podrá poner en conocimiento de las personas involucradas ni de terceros las actuaciones e informes que realice o produzca en cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.

 Los organismos públicos facilitarán el acceso directo de la Unidad de Información y Análisis Financiero a sus fuentes de información, a efectos de asegurar la agilidad y reserva de las investigaciones. CAPÍTULO III - INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Artículo 27 (Intercambio de información con autoridades homólogas de
 otros Estados).- Sobre la base del principio de reciprocidad, la
 Unidad de Información y Análisis Financiero podrá intercambiar
 información relevante para la investigación de los delitos de lavado
 de activos, las actividades delictivas incluidas en el artículo 34 de
 la presente ley y el terrorismo, financiamiento del terrorismo y
 delitos conexos, con las autoridades de otros Estados que ejerzan
 competencias homólogas. Con esa finalidad, podrá además suscribir
 memorandos de entendimiento.

 Para este efecto, solo se podrá suministrar información protegida por
 normas de confidencialidad si se cumplen los siguientes requisitos:

 A) La información deberá ser solicitada o compartida espontáneamente 
 con el objeto de investigar un caso vinculado con el delito de 
 lavado de activos, las actividades delictivas establecidas en el 
 artículo 34 de la presente ley, terrorismo o el financiamiento del 
 terrorismo.

 B) Cuando el organismo del exterior no forme parte del Grupo EGMONT de
 Unidades de Inteligencia Financiera, se deberá verificar además que,
 respecto a la información y documentación que reciban, el organismo 
 y sus funcionarios estén sometidos a las mismas obligaciones de 
 secreto profesional que rigen para la Unidad de Información y 
 Análisis Financiero y sus funcionarios.

 C) Los antecedentes suministrados únicamente podrán ser utilizados en 
 un proceso penal o administrativo en el Estado receptor, previa
 autorización del tribunal penal competente de nuestro país, la que 
 se otorgará de acuerdo con las normas de cooperación jurídica
 internacional. La Unidad de Información y Análisis Financiero podrá
 autorizar a la autoridad receptora a compartir la información
 suministrada con otros organismos encargados de la lucha contra el
 lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en su país, 
 para ser utilizada únicamente con fines de inteligencia. (*) (*) Notas: Redacción dada por: Ley Nº 20.469 de 19/03/2026 artículo 1 .
 TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 27 .
 Artículo 28 (Intercambio de información con autoridades nacionales).-
 La Unidad de Información y Análisis Financiero podrá divulgar a los
 organismos públicos especializados en el combate del lavado de
 activos, las actividades delictivas precedentes establecidas en el
 artículo 34 de la presente ley y los delitos de terrorismo,
 financiamiento del terrorismo y delitos conexos, la información
 recibida o generada por esta, sobre determinadas transacciones
 inusuales o sospechosas cuando considere que la participación de
 dichos organismos resulta imprescindible para completar las
 investigaciones en curso, a efectos de obtener los elementos de juicio
 necesarios para vincular las transacciones investigadas con los
 delitos mencionados en este artículo y permitir la puesta en
 conocimiento de la Fiscalía.

 A los efectos de este intercambio regirán para la Unidad de
 Información y Análisis Financiero las obligaciones de reserva
 establecidas en el artículo 22 de la presente ley.

 Los organismos públicos receptores de la información aplicarán los
 procedimientos de investigación que consideren adecuados en cada caso,
 adoptando las medidas necesarias para garantizar en todo momento la
 máxima reserva del contenido y el origen de la información manejada.

 Si como consecuencia de las actuaciones realizadas surgieran indicios
 de vinculación con el delito de lavado de activos, las actividades
 delictivas precedentes establecidas en el artículo 34 de la presente
 ley, terrorismo, financiamiento del terrorismo y delitos conexos, los
 organismos pondrán los antecedentes del caso en conocimiento de la
 Fiscalía. (*) (*) Notas: Redacción dada por: Ley Nº 20.469 de 19/03/2026 artículo 1 .
 TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 28 .
 CAPÍTULO IV - TRANSPORTE DE EFECTIVO, INSTRUMENTOS MONETARIOS Y METALES PRECIOSOS Artículo 29 (Obligación de comunicar y declarar).- Todas las personas
 físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay
 que transporten dinero en efectivo, metales preciosos u otros
 instrumentos monetarios a través de la frontera, zona primaria
 aduanera o zona de vigilancia aduanera especial, por un monto superior
 a US$ 10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) o su
 equivalente en otras monedas deberán comunicarlo al Banco Central del
 Uruguay, en la forma en que determinará la reglamentación que este
 dicte.

 Toda otra persona que transporte dinero en efectivo, metales preciosos
 u otros instrumentos monetarios a través de la frontera, zona primaria
 aduanera o zona de vigilancia aduanera especial, por un monto superior
 a US$ 10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) o su
 equivalente en otras monedas deberá declararlo a la Dirección Nacional
 de Aduanas, en la forma que determinará la reglamentación.

 El incumplimiento de esta obligación determinará, para los sujetos
 comprendidos en el inciso primero del presente artículo, la aplicación
 de las sanciones establecidas en el artículo 12 de la presente ley;
 para los señalados en el inciso segundo, la imposición de una multa
 por parte del Poder Ejecutivo. Dicha multa será del 30% del excedente
 de US$ 10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) o su
 equivalente.

 En caso de reiteración, la multa ascenderá al 60% del total del dinero
 transportado, a tales efectos, la Dirección Nacional de Aduanas deberá
 llevar un registro de las personas que incurran en la omisión de
 declarar.

 Constatado el transporte de fondos o valores en infracción a lo
 dispuesto en el presente artículo, la autoridad competente procederá a
 su detención y comunicará inmediatamente a la Dirección Nacional de
 Aduanas, remitiéndole los bienes y valores transportados.

 La Dirección Nacional de Aduanas en conocimiento de la detención
 adoptará inmediatamente las medidas pertinentes a efectos de la
 instrucción del procedimiento administrativo, debiendo retener la suma
 equivalente a la multa determinada por la ley para el caso,
 depositando dicho importe en la cuenta del Tesoro Nacional, como
 garantía que asegure el derecho del Estado al cobro de la misma, hasta
 tanto el acto administrativo que la determine quede firme. El
 remanente deberá ponerse a disposición de la Fiscalía
 correspondiente.

 En caso de otros valores o monedas sin curso legal en el país, se
 procederá a la incautación, depositándose los mismos en custodia en el
 Banco de la República Oriental del Uruguay, como garantía hasta tanto
 el acto administrativo que determine la multa quede firme, siendo el
 costo de cargo del sujeto omiso.

 La Dirección Nacional de Aduanas deberá realizar el avalúo de los
 bienes y determinará el monto de la multa correspondiente.

 En caso de que el infractor deposite el monto de la multa en la cuenta
 del Tesoro Nacional, la totalidad de los bienes incautados serán
 puestos a disposición de Fiscalía.

 La resolución que determine la multa constituirá título ejecutivo.

 Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, la
 autoridad competente pedirá inmediatamente a la fiscalía penal
 correspondiente la solicitud de orden judicial de incautación, cuando
 existan sospechas fundadas de que los fondos o valores no declarados
 provienen de alguno de los delitos tipificados en la presente ley o de
 las actividades delictivas precedentes establecidas en el artículo 34
 de la presente ley, aun cuando hayan sido cometidos en el extranjero,
 bajo la condición de que la conducta constituye también delito en la
 ley uruguaya. La prueba de un origen diverso producida por el titular
 de los fondos o valores incautados determinará su devolución, sin
 perjuicio de las garantías que se hubieran dispuesto para asegurar el
 pago de la multa prevista en este artículo las que permanecerán
 vigentes hasta tanto el acto administrativo quede firme. La resolución
 judicial que deniegue la devolución será apelable, aun en etapa de
 investigación preliminar.

 Transcurridos seis meses de la incautación, si no se hubiese ofrecido
 prueba de un origen diverso a los delitos tipificados en los artículos
 30 a 33 o a las actividades delictivas precedentes establecidas en el
 artículo 34 de la presente ley, la fiscalía penal interviniente
 solicitará se declare operado el decomiso de pleno derecho, de
 conformidad con lo dispuesto por el inciso tercero del artículo 52 de
 esta ley. (*) (*) Notas: Redacción dada por: Ley Nº 20.469 de 19/03/2026 artículo 1 .
 Ver en esta norma, artículo: 52 .
 TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 29 .
 
 Referencias al artículo 
 
 CAPÍTULO V - DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Artículo 30 (Conversión y transferencia).- El que convierta o transfiera bienes, productos o instrumentos que procedan de cualquiera de las actividades delictivas establecidas en el artículo 34 de la presente ley será castigado con pena de dos a quince años de penitenciaría. (*)
 (*) Notas: Ver en esta norma, artículos: 34 , 35 , 37 , 38 , 40 , 42 , 43 , 50 , 52 , 52 - 
BIS , 53 , 58 , 62 , 68 y 76 .
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 31 (Posesión y tenencia).- El que adquiera, posea, utilice, tenga en su poder o realice cualquier tipo de transacción sobre bienes, productos o instrumentos que procedan de cualquiera de las actividades delictivas establecidas en el artículo 34 de la presente ley, o que sean el producto de tales actividades, será castigado con una pena de dos a quince años de penitenciaría. (*)

 (*) Notas: Ver en esta norma, artículos: 34 , 35 , 37 , 38 , 40 , 42 , 43 , 50 , 52 , 52 - 
BIS , 53 , 58 , 62 , 68 y 76 .
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 32 (Ocultamiento).- El que oculte, suprima, altere los indicios o impida la determinación real de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad reales de tales bienes, o productos u otros derechos relativos a los mismos que procedan de cualquiera de las actividades delictivas establecidas en el artículo 34 de la presente ley, será castigado con una pena de doce meses de prisión a seis años de penitenciaría. (*)

 (*) Notas: Ver en esta norma, artículos: 34 , 35 , 37 , 38 , 39 , 40 , 42 , 43 , 50 , 52 , 52 - 
BIS , 53 , 58 , 62 , 68 y 76 .
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 33 (Asistencia).- El que asista al o a los agentes en las
 actividades delictivas establecidas en el artículo 34 de la presente
 ley, ya sea para asegurar el beneficio o el resultado de tal
 actividad, para obstaculizar las acciones de la justicia o para eludir
 las consecuencias jurídicas de sus acciones, o le prestare cualquier
 ayuda, asistencia o asesoramiento, con la misma finalidad, será
 castigado con una pena de doce meses de prisión a seis años de
 penitenciaría.

 Cuando se trate de los delitos previstos en los numerales 1), 2), 3),
 4), 6), 7), 8), 9), 11), 22), 27), 28), 30), 31), 32) y 33) del citado
 artículo 34, la pena será de dos a seis años de penitenciaría.

 No quedan comprendidos en la presente disposición la asistencia ni el
 asesoramiento prestado por profesionales a sus clientes para verificar
 su estatus legal o en el marco del ejercicio del derecho de defensa en
 asuntos judiciales, administrativos, arbitrales o de mediación. (*) (*) Notas: Redacción dada por: Ley Nº 20.469 de 19/03/2026 artículo 1 .
 Ver vigencia: Ley Nº 20.075 de 20/10/2022 artículo 5 .
 Redacción dada anteriormente por: Ley Nº 20.075 de 20/10/2022 artículo 
121 .
 Ver en esta norma, artículos: 34 , 35 , 37 , 38 , 39 , 40 , 42 , 43 , 50 , 52 , 52 - 
BIS , 53 , 58 , 62 , 68 y 76 .
 TEXTO ORIGINAL: 
 Ley Nº 20.075 de 20/10/2022 artículo 121 ,
 Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 33 .
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 33-BIS (Asistencia al lavado de activos).- El que asista
 al o a los agentes en las actividades delictivas establecidas en los
 artículos 30 a 32 de la presente ley, ya sea para asegurar el
 beneficio o el resultado de tal actividad, para obstaculizar las
 acciones de la justicia o para eludir las consecuencias jurídicas de
 sus acciones, o le prestare cualquier ayuda, asistencia o
 asesoramiento, con la misma finalidad, será castigado con una pena de
 doce meses de prisión a seis años de penitenciaría.

 Cuando el delito de lavado de activos esté vinculado a las actividades
 delictivas precedentes previstas en los numerales 1), 2), 3), 4), 6),
 7), 8), 9), 11), 22), 27), 28), 30), 31), 32) y 33) del artículo 34,
 la pena será de dos a seis años de penitenciaría.

 No quedan comprendidos en la presente disposición la asistencia ni el
 asesoramiento prestado por profesionales a sus clientes para verificar
 su estatus legal o en el marco del ejercicio del derecho de defensa en
 asuntos judiciales, administrativos, arbitrales o de mediación. (*) (*) Notas: Agregado/s por: Ley Nº 20.469 de 19/03/2026 artículo 1 .
 Artículo 34 (Actividades delictivas precedentes).- Son actividades
 delictivas precedentes del delito de lavado de activos en sus diversas
 modalidades previstas en los artículos 30 a 33 de la presente ley, los
 siguientes delitos:

 1) Delitos de narcotráfico y delitos conexos previstos en el Decreto- 
 Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, en las redacciones dadas 
 por la Ley N° 17.016, de 22 de octubre de 1998, Ley N° 19.172, de 20 
 de diciembre de 2013, Ley N° 19.513, de 14 de julio de 2017, Ley N°
 19.889, de 9 de julio de 2020, y sus modificativas.

 2) Crímenes de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad
 tipificados por la Ley N° 18.026, de 25 de setiembre de 2006, y sus
 modificativas.

 3) Terrorismo, previsto en la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 
 2004, en las redacciones dadas por las Leyes N° 18.494, de 5 de 
 junio de 2009, y N° 19.749, de 15 de mayo de 2019, y sus 
 modificativas.

 4) Financiación del terrorismo, previsto en la Ley N° 17.835, de 23 de
 setiembre de 2004, en las redacciones dadas por las Leyes N° 18.494,
 de 5 de junio de 2009, y N° 19.749, de 15 de mayo de 2019, y sus
 modificativas.

 5) Contrabando, según lo previsto en el artículo 258 del Código 
 Aduanero cuyo monto real o estimado sea superior a 100.000 UI (cien 
 mil unidades indexadas).

 6) Tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o material 
 destinado a su producción previsto en la Ley N° 19.247, de 15 de 
 agosto de 2014, y sus modificativas.

 7) Tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos.

 8) Tráfico ilícito y trata de personas, previsto en la Ley N° 18.250, 
 de 6 de enero de 2008, y sus modificativas.

 9) Extorsión, según lo previsto en el artículo 345 del Código Penal.

 10) Secuestro, según lo previsto en el artículo 346 del Código Penal.

 11) Proxenetismo previsto en la Ley N° 8.080, de 27 de mayo de 1927, en
 la redacción dada por la Ley N° 16.707, de 12 de julio de 1995, y 
 sus modificativas.

 12) Tráfico ilícito de sustancias nucleares.

 13) Tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos.

 14) Estafa, según lo previsto en el artículo 347 del Código Penal, cuyo
 monto real o estimado sea superior a 100.000 UI (cien mil unidades
 indexadas).

 15) Apropiación indebida, según lo previsto en el artículo 351 del 
 Código Penal, cuyo monto real o estimado sea superior a 100.000 UI 
 (cien mil unidades indexadas).

 16) Los delitos contra la Administración Pública incluidos en el Título
 IV del Libro II del Código Penal en la redacción dada por las leyes 
 N° 17.060, de 23 de diciembre de 1998, y N° 20.347, de 19 de 
 setiembre de 2024, y sus modificativas (delitos de corrupción 
 pública).

 17) Quiebra fraudulenta, prevista en el artículo 253 del Código Penal.

 18) Insolvencia fraudulenta, prevista en el artículo 255 del Código
 Penal.

 19) Insolvencia societaria fraudulenta, previsto en el artículo 5° de 
 la Ley N° 14.095, de 17 de noviembre de 1972, y sus modificativas.

 20) Delitos marcarios, previstos en la Ley N° 17.011, de 25 de 
 setiembre de 1998, y sus modificativas.

 21) Delitos contra la propiedad intelectual, previstos en la Ley N°
 17.616, de 10 de enero de 2003, y sus modificativas.

 22) Las conductas delictivas previstas en la Ley N° 17.815, de 6 de
 setiembre de 2004, en la redacción dada por la Ley N° 19.643, de 20 
 dejulio de 2018, en los artículos 77 a 81 de la Ley N° 18.250, de 6 
 de enero de 2008, y todas aquellas conductas ilícitas previstas en 
 el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño 
 sobre venta, prostitución infantil y utilización en pornografía o 
 que refieren a trata, tráfico o explotación sexual de personas y 
 sus modificativas.

 23) La falsificación y la alteración de moneda previstas en los 
 artículos 227 y 228 del Código Penal.

 24) Fraude concursal, según lo previsto en el artículo 248 de la Ley N°
 18.387, de 23 de octubre de 2008, y sus modificativas.

 25) Defraudación tributaria, según lo previsto en el artículo 110 del
 Código Tributario, cuando el monto del o los tributos defraudados 
 en cualquier ejercicio fiscal sea superior a 400.000 UI 
 (cuatrocientas mil unidades indexadas). Dicho monto no será 
 exigible en los casos de utilización total o parcial de facturas o 
 cualquier otro documento, ideológica o materialmente falsos con la 
 finalidad de disminuir el monto imponible u obtener devoluciones 
 indebidas de impuestos. En las situaciones previstas en el presente 
 numeral el delito de defraudación tributaria podrá perseguirse de 
 oficio.

 26) Defraudación aduanera, según lo previsto en el artículo 262 del
 Código Aduanero, cuando el monto defraudado sea superior a 400.000 
 UI (cuatrocientas mil unidades indexadas).

 En este caso el delito de defraudación aduanera podrá perseguirse 
 de oficio.

 27) Homicidio cometido de acuerdo a lo previsto por el artículo 312
 numeral 2 del Código Penal.

 28) Los delitos de lesiones graves y gravísimas previstos en los
 artículos 317 y 318 del Código Penal, cometidos de acuerdo a lo
 previsto en el artículo 312 numeral 2 del Código Penal.

 29) Hurto, según lo previsto en el artículo 340 del Código Penal, 
 cuando sea cometido por un grupo delictivo organizado y cuyo monto 
 real o estimado sea superior a 100.000 UI (cien mil unidades 
 indexadas).

 30) Rapiña, según lo previsto en el artículo 344 del Código Penal, 
 cuando sea cometida por un grupo delictivo organizado y cuyo monto 
 real o estimado sea superior a 100.000 UI (cien mil unidades 
 indexadas).

 31) Copamiento, según lo previsto en el artículo 344 bis del Código
 Penal, cuando sea cometido por un grupo delictivo organizado y cuyo
 monto real o estimado sea superior a 100.000 UI (cien mil unidades
 indexadas).

 32) Abigeato, según lo previsto en el artículo 258 del Código Rural,
 cuando sea cometido por un grupo delictivo organizado y cuyo monto
 real o estimado sea superior a 100.000 UI (cien mil unidades
 indexadas).

 33) Asociación para delinquir, según lo previsto en el artículo 150 del
 Código Penal.

 34) Ciberdelitos cuyo monto real o estimado sea superior a 100.000 UI
 (cien mil unidades indexadas).

 35) Delito ambiental (introducción de desechos tóxicos) previsto en la
 Ley N° 17.220, de 11 de noviembre de 1999.

 36) Fraude en las entidades integrantes del sistema financiero nacional
 previsto en el artículo 29 de la Ley N° 19.659, de 21 de setiembre 
 de 2018, y sus modificativas.

 En lo que refiere a los numerales 29 a 32 del presente artículo se
 entiende por grupo delictivo organizado, un conjunto estructurado 
 de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe
 concertadamente con el propósito de cometer dichos delitos, con 
 miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico 
 u otro beneficio de orden material.

 A efectos del intercambio de información entre Estados, tanto por la
 vía de la cooperación jurídica penal como de la cooperación
 administrativa entre Unidades de Inteligencia Financiera, no regirán
 los umbrales establecidos en los numerales anteriores. (*) (*) Notas: Redacción dada por: Ley Nº 20.469 de 19/03/2026 artículo 1 .
Numeral 34) anteriormente agregado/s por: Ley Nº 20.327 de 23/08/2024 
artículo 4 .
 Ver en esta norma, artículos: 35 , 36 , 38 , 41 , 42 , 43 , 50 , 52 , 52 - BIS , 
53 , 58 , 62 , 68 y 76 .
 TEXTO ORIGINAL: 
 Ley Nº 20.327 de 23/08/2024 artículo 4 ,
 Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 34 .
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 35 (Autolavado).- El que hubiere cometido alguna de las actividades delictivas precedentes señaladas en el artículo anterior también podrá ser considerado autor de los delitos establecidos en los artículos 30 a 33 de la presente ley y por tanto sujeto a investigación y juzgamiento, configuradas las circunstancias previstas en dichos artículos. (*)

 (*) Notas: Ver en esta norma, artículo: 52 - BIS .
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 36 (Delito autónomo).- El delito de lavado de activos es un
 delito autónomo y como tal, no requerirá previa formalización por las
 actividades delictivas establecidas en el artículo 34 de la presente
 ley, alcanzando con la existencia de elementos de convicción
 suficientes para su configuración. (*) (*) Notas: Redacción dada por: Ley Nº 20.469 de 19/03/2026 artículo 1 .
 TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 36 .
 Artículo 37 (Actividad delictiva cometida en el extranjero).- Las disposiciones de los artículos 30 a 33 de la presente ley regirán aun cuando la actividad delictiva antecedente origen de los bienes, productos o instrumentos hubiera sido cometida en el extranjero, en tanto la misma hubiera estado tipificada en las leyes del lugar de comisión y en las del ordenamiento jurídico uruguayo.
 Artículo 38 (Circunstancias agravantes).- Cuando la comisión de cualquiera de los delitos previstos en los artículos 30 a 33 de la presente ley se hubiere consumado mediante la participación en el o los delitos de un grupo delictivo organizado, de acuerdo a la definición establecida en el artículo 34 de la presente ley, o mediante el uso de la violencia o el empleo de armas o con utilización de menores de edad o incapaces, la pena será aumentada hasta la mitad.
 Artículo 39 (Circunstancias agravantes especiales).- La finalidad de obtener un provecho o lucro para sí o para un tercero de los delitos previstos en los artículos 32 y 33 de la presente ley será considerada una circunstancia agravante y, en tal caso, la pena podrá ser elevada en un tercio.
 Artículo 40 (Intencionalidad).- El dolo, en cualesquiera de los delitos previstos en los artículos 30 a 33 de la presente ley, se inferirá de las circunstancias del caso de acuerdo con los principios generales.
 Artículo 41 (Investigación económico-financiera paralela).- Siempre
 que se inicie una investigación por cualesquiera de las actividades
 delictivas precedentes señaladas en el artículo 34 de la presente ley,
 la fiscalía penal interviniente, consideradas las circunstancias del
 caso, deberá realizar una investigación económico-financiera en forma
 paralela, esto es, una investigación simultánea sobre los asuntos
 económico-financieros relacionados a la actividad criminal
 investigada, con la finalidad de identificar el alcance de las redes
 criminales y rastrear activos del crimen, fondos terroristas u otros
 activos que sean objeto de decomiso, o pudieran serlo; y asimismo
 desarrollar evidencia que pueda ser utilizada en el proceso penal. (*) (*) Notas: Redacción dada por: Ley Nº 20.469 de 19/03/2026 artículo 1 .
 TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 41 .
 Artículo 42 (Reserva interna de la investigación).- En las investigaciones relativas a los delitos previstos en los artículos 30 a 33 o de las actividades delictivas establecidas en el artículo 34 de la presente ley no regirá el plazo de reserva de las actuaciones respecto al imputado, su defensor y demás intervinientes, regulado en el artículo 259.3 de la Ley N° 19.293, de 19 de diciembre de 2014. CAPÍTULO VI - DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Artículo 43 (Universalidad de la aplicación).- El tribunal penal
 competente adoptará por resolución fundada, a solicitud de la
 fiscalía, en cualquier estado de la causa e incluso en la
 investigación preliminar, las medidas cautelares necesarias para
 asegurar la disponibilidad de los bienes sujetos a eventual decomiso
 como consecuencia de la comisión de cualesquiera de los delitos
 previstos en los artículos 30 a 33 o de las actividades delictivas
 precedentes establecidas en el artículo 34 de la presente ley.

 En caso de que las medidas cautelares sean adoptadas durante la etapa
 de investigación preliminar, estas caducarán de pleno derecho si, en
 un plazo de dos años contados desde que las mismas se hicieron
 efectivas, la fiscalía no solicita la formalización de la
 investigación. Si las medidas se adoptan a partir de la existencia de
 una investigación formalizada, estas caducarán de pleno derecho si en
 el plazo de dos años contados desde que las mismas se hicieran
 efectivas, la fiscalía no presenta la acusación.

 La regulación de las medidas cautelares que se prevé en la presente
 ley no obsta la solicitud de medidas cautelares conforme el régimen
 general del Código de Proceso Penal. (*) (*) Notas: Redacción dada por: Ley Nº 20.469 de 19/03/2026 artículo 1 .
 Ver en esta norma, artículo: 55 .
 TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 43 .
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 44 (Procedencia).- Las medidas cautelares se adoptarán
 cuando el tribunal penal competente estime que son indispensables para
 la protección del derecho del Estado de disponer de estos bienes una
 vez decomisados y siempre que exista peligro de lesión o frustración
 del mismo por la demora del proceso.

 En ningún caso se exigirá contracautela, pero el Estado responderá por
 los daños y perjuicios causados por las medidas cautelares adoptadas
 si los bienes afectados no son finalmente decomisados.

 La Junta Nacional de Drogas podrá requerir al tribunal penal
 competente, previa noticia a la fiscalía, la adopción de medidas
 cautelares sobre los bienes y productos del delito que le pudieran ser
 adjudicados por sentencia.

 En los casos en que la medida cautelar no hubiere sido adoptada a
 solicitud de la Junta Nacional de Drogas, esta deberá ser notificada a
 sus efectos. (*) (*) Notas: Redacción dada por: Ley Nº 20.469 de 19/03/2026 artículo 1 .
 Ver en esta norma, artículo: 55 .
 TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 44 .
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 45 (Facultades del tribunal).- El tribunal penal competente podrá:

 A) Apreciar la necesidad de la medida, pudiendo disponer otra si la
 entiende más eficiente.

 B) Establecer su alcance y término de duración.

 C) Disponer la modificación, sustitución o cese de la medida
 cautelar adoptada.
 (*) Notas: Ver en esta norma, artículo: 55 .
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 46 (Recursos).- Las medidas se adoptarán en forma reservada y ningún incidente o petición podrá detener su cumplimiento.

 Si el afectado no hubiese tomado conocimiento de las medidas adoptadas en forma completa y concreta con motivo de su ejecución, se le notificarán una vez cumplidas.

 En caso de que se desconozca el domicilio de la persona física o jurídica afectada, la notificación se efectuará por edictos que se publicarán en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, durante cinco días hábiles y continuos.

 La providencia que admita, deniegue o modifique una medida cautelar será recurrible mediante recursos de reposición y apelación, pero la interposición de los mismos no suspenderá su ejecución.
 (*) Notas: Ver en esta norma, artículo: 55 .
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 47 (Medidas específicas).- El tribunal penal competente podrá disponer las medidas que estime indispensables, entre otras, la prohibición de innovar, la anotación preventiva de la litis, los embargos y secuestros, la designación de veedor o auditor, la de interventor o cualquier otra que sea idónea para el cumplimiento de la finalidad cautelar.

 La resolución que disponga una intervención fijará su plazo y las facultades del interventor debiéndose procurar, en lo posible, la continuidad de la explotación intervenida. El tribunal fijará la retribución del interventor la cual, si fuere mensual, no podrá exceder de la que percibiere en su caso un gerente con funciones de administrador en la empresa intervenida, la que se abonará por el patrimonio intervenido y se imputará a la que se fije como honorario final.
 (*) Notas: Ver en esta norma, artículo: 55 .
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 48 (Enajenación Anticipada).- A solicitud de la fiscalía o,
 en su caso, de la Junta Nacional de Drogas, el tribunal penal
 competente podrá disponer la enajenación anticipada mediante remate o
 cualquier otro medio que asegure la transparencia de la operación de
 los bienes que se hubieran embargado, incautado o, en general, se
 encontraren sometidos a cualquier medida cautelar, que corran riesgo
 de perecer, deteriorarse, depreciarse o desvalorizarse o cuya
 conservación irrogue perjuicios o gastos desproporcionados a su
 valor.

 Dentro del plazo de seis meses de efectivizada la medida cautelar, el
 tribunal penal competente, previa intervención de la Junta Nacional de
 Drogas, deberá determinar si los bienes cautelados se encuentran en la
 situación señalada en el inciso anterior.

 En estos casos, una vez efectuada la enajenación, el tribunal penal
 competente depositará el producto en unidades indexadas u otra unidad
 de medida que permita asegurar la preservación del valor, a la orden
 del tribunal y bajo el rubro de autos.

 Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, en forma excepcional y
 provisoria, el tribunal penal competente podrá autorizar el uso de los
 bienes que hayan sido cautelados y estén sujetos a eventual decomiso
 en los términos del artículo 59 de la presente ley, en favor de las
 entidades públicas o privadas a que refiere el inciso tercero del
 artículo referido, durante el período de tiempo en que no se proceda a
 su enajenación de conformidad con lo previsto en el primer y segundo
 inciso del presente artículo.

 Previamente se le deberá dar vista a la Junta Nacional de Drogas.

 El usuario asumirá las obligaciones del artículo 2220 y siguientes del
 Código Civil. (*) (*) Notas: Redacción dada por: Ley Nº 20.469 de 19/03/2026 artículo 1 .
 Ver en esta norma, artículo: 55 .
 TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 48 .
 
 Referencias al artículo 
 
 CAPÍTULO VII - DEL DECOMISO
 Artículo 49 (Concepto).- El decomiso es la privación con carácter definitivo de algún bien, producto, instrumento, fondo, activo, recurso o medio económico por decisión del tribunal penal competente a solicitud del Ministerio Público, como consecuencia jurídica accesoria de la actividad ilícita. La providencia ejecutoriada que lo disponga constituirá título de traslación del dominio y se inscribirá en los registros públicos correspondientes.
 (*) Notas: Ver en esta norma, artículos: 53 y 55 .
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 50 (Ámbito objetivo).- En la sentencia definitiva de condena por alguno de los delitos previstos en los artículos 30 a 33 de la presente ley o cualesquiera de las actividades delictivas precedentes establecidas en el artículo 34 de la presente ley, el tribunal penal competente dispondrá, a solicitud del Ministerio Público, el decomiso de:

 A) Los estupefacientes y sustancias psicotrópicas prohibidas que
 fueran incautadas en el proceso.

 B) Los bienes o instrumentos utilizados para cometer el delito o la
 actividad preparatoria punible.

 C) Los bienes y productos que procedan del delito.

 D) Los bienes y productos que procedan de la aplicación de los
 provenientes del delito, comprendiendo: los bienes y productos en
 los que se hayan transformado o convertido los provenientes del
 delito y los bienes y productos con los que se hayan mezclado los
 provenientes del delito hasta llegar al valor estimado de estos.

 E) Los fondos, activos, recursos, medios económicos o ingresos u
 otros beneficios derivados de los bienes y productos provenientes
 del delito.
 (*) Notas: Ver en esta norma, artículos: 53 y 55 .
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 51 (Decomiso por equivalente).- Cuando tales bienes,
 productos, instrumentos, fondos, activos, recursos o medios económicos
 no pudieran ser decomisados, el tribunal penal competente a solicitud
 de la fiscalía dispondrá el decomiso de cualquier otro bien del
 condenado por un valor equivalente o, de no ser ello posible,
 dispondrá que aquel pague una multa de idéntico valor. (*) (*) Notas: Redacción dada por: Ley Nº 20.469 de 19/03/2026 artículo 1 .
 Ver en esta norma, artículos: 53 y 55 .
 TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 51 .
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 52 (Decomiso de pleno derecho).- Sin perjuicio de lo
 expresado, el tribunal penal competente a solicitud de la fiscalía, en
 cualquier etapa del proceso en la que el imputado no fuera habido,
 librará la orden de prisión respectiva, y transcurridos seis meses sin
 que haya variado la situación caducará todo derecho que el mismo pueda
 tener sobre los bienes, productos, instrumentos, fondos, activos,
 recursos o medios económicos que se hubiesen cautelarmente incautado,
 operando el decomiso de pleno derecho.

 En los casos en que el tribunal penal competente hubiera dispuesto la
 inmovilización de activos al amparo de lo edictado por el artículo 24
 de la presente ley, si sus titulares no ofrecieran prueba de que los
 mismos tienen un origen diverso a los delitos previstos en los
 artículos 30 a 33 de esta ley o a las actividades delictivas
 precedentes establecidas en el artículo 34 de la presente ley en un
 plazo de seis meses, caducará todo derecho que pudieran tener sobre
 los fondos inmovilizados, operando el decomiso de pleno derecho.

 En los casos en que el tribunal penal competente hubiera dispuesto la
 incautación de fondos o valores no declarados, al amparo de lo
 edictado por el artículo 29 de la presente ley, si sus titulares no
 ofrecieran prueba de que los mismos tienen un origen diverso a los
 delitos previstos en los artículos 30 a 33 de esta ley o a las
 actividades delictivas precedentes establecidas en el artículo 34 de
 la presente ley en un plazo de seis meses, caducará todo derecho que
 pudieran tener sobre los fondos inmovilizados, operando el decomiso de
 pleno derecho.

 En los casos en que se produjere el hallazgo de bienes, productos,
 instrumentos, fondos, activos, recursos o medios económicos
 provenientes de los delitos tipificados en los artículos 30 a 33 de la
 presente ley o de las actividades delictivas precedentes establecidas
 en el artículo 34 de la presente ley, si en el plazo de seis meses no
 compareciere ningún interesado, operará el decomiso de pleno derecho.

 También operará el decomiso de pleno derecho de los bienes que
 hubiesen sido objeto de medidas cautelares y cuya titularidad no
 correspondiera a ninguno de los imputados en la causa o del producto
 de su enajenación anticipada, si en un plazo de seis meses contados a
 partir de la notificación de la medida a las personas físicas o
 jurídicas afectadas no se hubiesen deducido las tercerías
 correspondientes. (*) (*) Notas: Redacción dada por: Ley Nº 20.469 de 19/03/2026 artículo 1 .
 Ver en esta norma, artículos: 53 y 55 .
 TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 52 .
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 52-BIS (Decomiso ampliado).- En los casos de condena por los
 delitos previstos en los artículos 30 a 33 y 35 o por las actividades
 delictivas precedentes establecidas en el artículo 34 de la presente
 ley, el tribunal penal competente ordenará siempre el decomiso de los
 bienes, productos, instrumentos, fondos, activos, recursos o demás
 medios económicos de los que el condenado no pueda justificar su
 procedencia lícita.

 Asimismo, también se ordenará el decomiso de aquellos bienes,
 productos, instrumentos, fondos, activos, recursos o demás medios
 económicos que se encuentren en poder del condenado, aunque la
 titularidad recaiga sobre otra persona física o jurídica que le preste
 su nombre.

 En todos aquellos casos, en que el condenado no pueda justificar el
 origen lícito de los bienes, productos, instrumentos, fondos, activos,
 recursos o demás medios económicos, se presumirá que los mismos son
 producto de ganancias o reutilización de actividades ilícitas.

 Desde la indagatoria preliminar, el tribunal penal competente podrá a
 solicitud de la fiscalía penal interviniente, además de las previstas
 en el artículo 222 del Código de Proceso Penal, disponer las medidas
 cautelares que correspondan para asegurar el patrimonio del imputado a
 efectos de efectivizar el decomiso ampliado al momento de la condena. (*) (*) Notas: Redacción dada por: Ley Nº 20.469 de 19/03/2026 artículo 1 .
 Ver vigencia: Ley Nº 20.212 de 06/11/2023 artículo 2 .
 Anteriormente agregado/s por: Ley Nº 20.212 de 06/11/2023 artículo 164 .
 TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 20.212 de 06/11/2023 artículo 164 .
 CAPÍTULO VII - DEL DECOMISO
 Artículo 53 (Ámbito subjetivo).- El decomiso puede alcanzar los bienes enumerados en los artículos anteriores de los que el condenado, por alguno de los delitos previstos en los artículos 30 a 33 o de las actividades delictivas precedentes establecidas en el artículo 34 de la presente ley, sea el beneficiario final y respecto de cuya ilegítima procedencia no haya aportado una justificación capaz de contradecir los indicios recogidos en la acusación, siempre que el valor de los mencionados bienes sea desproporcionado respecto de la actividad lícita que desarrolle y haya declarado. Podrán ser objeto de decomiso el dinero, bienes, fondos, activos, recursos, medios económicos y los demás efectos adquiridos en un momento anterior a aquél en que se ha desarrollado la actividad delictiva del reo, siempre que el tribunal penal competente disponga de elementos de hecho aptos para justificar una conexión razonable con la misma actividad delictiva.

 A los fines del decomiso se considerará al condenado por los delitos previstos en los artículos 30 a 33 o las actividades delictivas precedentes establecidas en el Artículo 34 de la presente ley, beneficiario final de los bienes, aun cuando figuren a nombre de terceros o de cualquier otro modo posea, a través de persona física o jurídica intermedia.

 La determinación y el alcance objetivo y subjetivo del decomiso serán resueltos por el tribunal penal competente.
 (*) Notas: Ver en esta norma, artículo: 55 .
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 54 (Fallecimiento del imputado).- En el caso de
 fallecimiento del imputado los bienes que hayan sido incautados serán
 decomisados cuando se pudiera comprobar la ilicitud de su origen o del
 hecho material al que estuvieran vinculados, sin necesidad de condena
 penal. (*) (*) Notas: Redacción dada por: Ley Nº 20.469 de 19/03/2026 artículo 1 .
 Ver en esta norma, artículo: 55 .
 TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 54 .
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 55 (Terceros de buena fe).- Lo dispuesto en los artículos 43 a 54 de la presente ley regirá sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe.
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 56 (Alegación de un interés legítimo).- Todos los que alegaren tener un interés legítimo sobre los bienes, productos o instrumentos podrán comparecer ante el tribunal de la causa, el que los escuchará en audiencia de conformidad con los principios del debido proceso legal, con noticia de la defensa en su caso y del Ministerio Público, los que podrán comparecer en ese acto.
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 57 (Devolución al tercero de buena fe).- El tribunal penal competente deberá disponer la devolución al tercerista de los bienes, productos o instrumentos correspondientes cuando a su juicio resulte acreditada su buena fe.
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 58 (Devolución de bienes).- Si el tribunal penal competente tuviere elementos de convicción suficiente de que los bienes, productos o instrumentos incautados correspondieran a un tercero que hubiere resultado perjudicado como consecuencia de la comisión de los delitos previstos en los artículos 30 a 33 de la presente ley o de las actividades delictivas precedentes establecidas en el artículo 34 de la presente ley o correspondieran a la víctima de uno de estos delitos no se procederá al decomiso, debiendo devolverse los bienes a su titular.
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 59 (Titularidad y destino de los bienes decomisados).- Toda vez que se decomisen bienes, productos o instrumentos conforme con lo dispuesto en la presente ley, que no deban ser destruidos ni resulten perjudiciales para la población, el tribunal de la causa los pondrá a disposición de la Junta Nacional de Drogas, que tendrá la titularidad y disponibilidad de los mismos.

 Como regla general, tales bienes, productos o instrumentos serán enajenados mediante remate o cualquier otro medio que asegure la transparencia de la operación, a menos que por su naturaleza ello no resulte posible o se justifique en forma expresa la conveniencia u oportunidad de su conservación.

 El destino de los fondos y de los bienes que se hubiesen conservado se determinará por la Junta Nacional de Drogas, previo informe fundamentado de la Secretaría Nacional de Drogas y de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, pudiendo:

 A) Asignar bienes que se hubiesen conservado para uso oficial, en
 los programas y proyectos vinculados a la prevención o represión
 en materia de drogas, lavado de activos o financiamiento del
 terrorismo.

 B) Transferir los bienes que se hubiesen conservado o el producido
 de su enajenación, a cualquier entidad pública que haya
 participado directa o indirectamente en su incautación o en la
 coordinación de programas de prevención o represión en materia de
 drogas, lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

 C) Transferir los bienes, productos o instrumentos que se hubiesen
 conservado, o el producto de su venta, a cualquier entidad
 pública o privada dedicada a la prevención del uso indebido de
 drogas, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social
 de los afectados por el consumo.

 D) Prioritariamente destinar los bienes a personas físicas y 
 jurídicas afectadas directa o indirectamente por las actividades
 delictivas reguladas por la presente ley, que justifiquen en la
 forma en que establecerá la reglamentación, su vinculación con el
 caso considerado y la afectación sufrida. (*)

 La Secretaría Nacional de Drogas solicitará al Ministerio de Economía y Finanzas el refuerzo de los créditos presupuestales asignados, en función de las recaudaciones reales producidas por estos conceptos. Los refuerzos solicitados podrán tener destino tanto para gastos de funcionamiento como de inversión. (*) Notas: Inciso 3º), literal D) agregado/s por: Ley Nº 19.749 de 15/05/2019 
artículo 11 .
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 60 (Reparto de bienes decomisados).- Será prioritaria la cooperación con otros Estados para lograr el recupero de los bienes involucrados en los delitos de crimen organizado trasnacional. El país podrá suscribir acuerdos de reparto de bienes decomisados producto de dichos delitos.

 A los fines de la repartición de los bienes recuperados en cada caso se considerarán su naturaleza e importancia, así como la complejidad y la efectividad de la cooperación prestada por cada uno de los Estados participantes en la recuperación. 
 Referencias al artículo 
 
 CAPÍTULO VIII - TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN Artículo 61 (Entrega vigilada).- Con fines de investigación, a requerimiento del Ministerio Público, el tribunal penal competente podrá autorizar la circulación y entrega vigilada de dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios, sustancias tóxicas, estupefacientes, psicotrópicos, precursores u otra sustancia prohibida, o cualquier otro bien que pueda ser objeto de un delito que sea de competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado, por resolución fundada, bajo la más estricta reserva y confidencialidad.

 Para adoptar estas medidas el tribunal deberá tener en cuenta en cada caso concreto su necesidad a los fines de la investigación, según la importancia del delito, las posibilidades de vigilancia y el objetivo de mejor y más eficaz cooperación internacional.

 Por entrega vigilada se entiende la técnica de permitir que remesas ilícitas o sospechosas de los bienes o sustancias detalladas en el inciso primero entren, transiten o salgan del territorio nacional, con el conocimiento y bajo la supervisión de las autoridades competentes, con el propósito de identificar a las personas y organizaciones involucradas en la comisión de los delitos referidos o con el de prestar auxilio a autoridades extranjeras con ese mismo fin.

 Las remesas ilícitas cuya entrega vigilada se haya acordado podrán ser interceptadas y autorizadas a proseguir intactas o habiéndose retirado o sustituido total o parcialmente las sustancias ilícitas que contengan.
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 62 (Vigilancias electrónicas).- En la investigación de
 cualesquiera de los delitos previstos en los artículos 30 a 33 de la
 presente ley y de las actividades delictivas precedentes establecidas
 en el artículo 34 de la presente ley, se podrán utilizar todos los
 medios tecnológicos disponibles a fin de facilitar su
 esclarecimiento.

 La ejecución de las vigilancias electrónicas será ordenada por el
 tribunal de la investigación a requerimiento de la fiscalía.

 El registro de las vigilancias se regirá por lo dispuesto en el
 artículo 209 de la Ley N° 19.293, de 19 de diciembre de 2014, y
 modificativas.

 Quedan expresamente excluidas del objeto de estas medidas las
 comunicaciones que mantenga el imputado con su defensor, en el
 ejercicio del derecho de defensa y las que versen sobre cuestiones que
 no tengan relación con el objeto de la investigación.

 La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones podrá aplicar las
 sanciones enumeradas en el artículo 89 de la Ley N° 17.296, de 21 de
 febrero de 2001, a aquellos operadores de servicios de
 telecomunicaciones que dificulten o impidan la ejecución de este tipo
 de vigilancias, dispuestas por la justicia competente. (*) (*) Notas: Redacción dada por: Ley Nº 20.469 de 19/03/2026 artículo 1 .
 TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 62 .
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 63 (Del colaborador).- La fiscalía penal interviniente, en
 cualquier etapa del proceso penal, podrá acordar con una persona que
 haya incurrido en delitos de lavado de activos y delitos precedentes
 la reducción de la pena a recaer hasta la mitad del mínimo y del
 máximo o aun no deducir acusación según la circunstancia del caso,
 si:

 A) Revelare la identidad de autores, coautores, cómplices o 
 encubridores de los hechos investigados o de otros conexos, 
 proporcionando datos suficientes que permitan la formalización de 
 los sindicados o la resolución definitiva del caso o un 
 significativo progreso de la investigación.

 B) Aportare información que permita incautar materias primas,
 estupefacientes, dinero, sustancias inflamables o explosivas, armas 
 o cualquier otro objeto o elemento que pueda servir para la comisión 
 de delitos, planificarlos e incluso recuperar objetos o bienes
 procedentes de los mismos.

 A los fines de la exención de pena se valorará especialmente la
 información que permita desbaratar una organización, grupo o banda
 dedicada a la actividad delictiva de referencia.

 La reducción o exención de pena no procederá respecto de la pena de
 inhabilitación.

 Será condición necesaria para la aplicación de la presente ley que el
 colaborador abandone la actividad delictiva o la asociación ilícita a
 la que pertenece.

 La declaración del colaborador deberá prestarse en forma anticipada
 dentro de los ciento ochenta días desde que se celebró el acuerdo. En
 esa declaración el colaborador deberá revelar toda la información que
 posea para la reconstrucción de los hechos y la individualización y
 captura de los autores. (*) (*) Notas: Redacción dada por: Ley Nº 20.469 de 19/03/2026 artículo 1 .
 TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 63 .
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 64 (Agentes encubiertos).- A solicitud de la fiscalía y con
 la finalidad de investigar los delitos de lavado de activos y delitos
 precedentes, el tribunal competente, podrá, mediante resolución
 fundada, autorizar a funcionarios públicos a actuar bajo identidad
 supuesta y a adquirir y transportar objetos, efectos e instrumentos de
 delito y diferir la incautación de los mismos. La identidad supuesta
 será otorgada por el Ministerio del Interior por el plazo de seis
 meses prorrogables por períodos de igual duración, quedando
 legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la
 investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y social
 bajo tal identidad.

 La resolución por la que se acuerde deberá consignar el nombre
 verdadero del agente y la identidad supuesta con la que actuará en el
 caso concreto. La resolución será reservada y deberá conservarse fuera
 de las actuaciones con la debida seguridad.

 La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser
 puesta a la mayor brevedad posible en conocimiento de la fiscalía
 actuante. Asimismo, dicha información deberá aportarse al proceso en
 su integridad y se valorará por el tribunal penal competente.

 Los funcionarios públicos que hubieran actuado en una investigación
 con identidad falsa, de conformidad a lo previsto en el inciso
 precedente, podrán mantener dicha identidad cuando testifiquen en el
 proceso que pudiera derivarse de los hechos en que hubieran
 intervenido y siempre que se acuerde mediante resolución judicial
 motivada, siéndoles de aplicación lo previsto en los artículos 65 a 67
 de la presente ley. Ningún funcionario público podrá ser obligado a
 actuar como agente encubierto.

 Cuando la actuación del agente encubierto pueda afectar derechos
 fundamentales como la intimidad, el domicilio o la inviolabilidad de
 las comunicaciones entre particulares, el agente encubierto deberá
 solicitar al fiscal penal competente y este a su vez solicitará al
 tribunal penal competente la autorización que al respecto establezca
 la Constitución de la República y la ley, así como cumplir con las
 demás previsiones legales aplicables. El agente encubierto quedará
 exento de responsabilidad de cualquier naturaleza por aquellas
 actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la
 investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la
 finalidad de la misma y no constituyan una provocación al delito. (*) (*) Notas: Redacción dada por: Ley Nº 20.469 de 19/03/2026 artículo 1 .
 TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 64 .
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 65 (Protección de víctimas, testigos y colaboradores).- Los testigos, las víctimas cuando actúen como tales, los peritos y los colaboradores en los procesos de competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado podrán ser sometidos a medidas de protección cuando existan sospechas fundadas de que corre grave riesgo su vida o integridad física tanto de ellos como de sus familiares.

 Las medidas de protección serán las siguientes:

 A) La protección física de esas personas a cargo de la autoridad
 policial.

 B) Utilización de mecanismos que impidan su identificación visual
 por parte de terceros ajenos al proceso cuando debe comparecer a
 cualquier diligencia de prueba.

 C) Que sea citado de manera reservada, conducido en vehículo oficial
 y que se establezca una zona de exclusión para recibir su
 declaración.

 D) Prohibición de toma de fotografías o registración y divulgación
 de su imagen tanto por particulares como por los medios de
 comunicación.

 E) Posibilidad de recibir su testimonio por medios audiovisuales u
 otras tecnologías adecuadas.

 F) La reubicación, el uso de otro nombre y el otorgamiento de nuevos
 documentos de identidad debiendo la Dirección Nacional de
 Identificación Civil adoptar todos los resguardos necesarios para
 asegurar el carácter secreto de estas medidas.

 G) Prohibición total o parcial de revelar información acerca de su
 identidad o paradero.

 H) Asistencia económica en casos de reubicación la que será provista
 con cargo al artículo 464, numeral 3) de la Ley N° 15.903, de 10
 de noviembre de 1987.

 Las medidas de protección descriptas en el inciso anterior serán adoptadas por el tribunal penal competente a solicitud del Ministerio Público o a petición de la víctima, testigo, perito o colaborador y serán extensibles a los familiares y demás personas cercanas que la resolución judicial determine.

 Podrán celebrarse acuerdos con otros Estados a los efectos de la reubicación de víctimas, testigos o colaboradores.

 Las resoluciones que se adopten en cumplimiento de los incisos anteriores tendrán carácter secreto y se estamparán en expediente separado que quedará en custodia del actuario del Juzgado.
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 66 (Revelación de medidas).- El funcionario público que, en razón o en ocasión de su cargo, revele las medidas de protección de naturaleza secreta, la ubicación de las personas reubicadas o la identidad en aquellos casos en que se haya autorizado el uso de una nueva será castigado con pena de dos a seis años de penitenciaría e inhabilitación absoluta de dos a diez años.
 Artículo 67 (Influencia en la actuación).- El que utilizare violencia o intimidación con la finalidad de influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo para que modifique su actuación en el proceso o incumpla sus obligaciones con la Justicia, será castigado con la pena de doce meses de prisión a cuatro años de penitenciaría. Si el autor del hecho alcanzara su objetivo se aplicarán las reglas de la coparticipación criminal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 60 numeral 2° del Código Penal.

 La realización de cualquier acto atentatorio contra la vida, integridad, libertad, libertad sexual o bienes, como represalia de aquel que haya utilizado la violencia o intimidación con la finalidad de influir directa o indirectamente del modo previsto en el inciso primero, se considerará agravante del delito respectivo y la pena del mismo se aumentará en un tercio en su mínimo y su máximo. CAPÍTULO IX - DE LA COOPERACIÓN JURÍDICA PENAL INTERNACIONAL Artículo 68 (Solicitudes provenientes de autoridades extranjeras).-
 Las solicitudes de cooperación jurídica penal internacional
 provenientes de autoridades extranjeras competentes de acuerdo a la
 ley del Estado requirente para la investigación o enjuiciamiento de
 los delitos previstos en los artículos 30 a 33 y de las actividades
 delictivas establecidas en el artículo 34 de la presente ley, que
 refieran al auxilio jurídico de mero trámite, probatorio, cautelar o
 de inmovilización, confiscación, decomiso o transferencia de bienes,
 se recibirán y darán curso por la Autoridad Central en caso de
 existencia de tratados o convenios vigentes que prevean su actuación,
 o por vía diplomática.

 La Autoridad Central, de conformidad con los tratados internacionales
 vigentes y normas de fuente nacional en la materia, remitirá
 directamente y sin demoras las respectivas solicitudes de cooperación
 jurídica penal internacional a las autoridades jurisdiccionales o
 administrativas con función jurisdiccional nacional competente, según
 los casos, para su diligenciamiento, de acuerdo al ordenamiento
 jurídico de la República.

 En el caso de solicitudes de cooperación penal recibidas por el
 Ministerio de Relaciones Exteriores, este remitirá la solicitud de
 asistencia a la Autoridad Central, que la hará llegar directamente,
 acompañada de un informe técnico, o vinculante, a la autoridad
 competente de la República encargada de su diligenciamiento.

 La respuesta correspondiente al diligenciamiento de la solicitud, será
 remitida por la autoridad competente de la República a la Autoridad
 Central, quien la transmitirá al Ministerio de Relaciones Exteriores
 para su comunicación, por la vía diplomática, a la autoridad
 extranjera requirente. (*) (*) Notas: Redacción dada por: Ley Nº 20.469 de 19/03/2026 artículo 1 .
 TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 68 .
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 69 (Requisitos formales de las solicitudes y documentación recibidas).- Las solicitudes de cooperación jurídica penal internacional y documentación anexa recibidas por la citada Dirección vía diplomática, consular o directamente, quedarán eximidas del requisito de legalización y deberán ser acompañadas, en su caso, de la respectiva traducción al idioma español.
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 70 (Diligenciamiento de la solicitud).- Los tribunales
 nacionales competentes o la Fiscalía General de la Nación cuando
 corresponda su intervención, prestarán la cooperación jurídica penal
 internacional solicitada y la diligenciarán de acuerdo a las leyes de
 la República y verificarán:

 A) Que la solicitud sea presentada debidamente fundada.

 B) Que la misma identifique la autoridad extranjera competente 
 requirente proporcionando nombre y dirección.

 C) Que, cuando corresponda, sea acompañada de traducción al idioma
 español de acuerdo a la legislación nacional en la materia. (*) (*) Notas: Redacción dada por: Ley Nº 20.469 de 19/03/2026 artículo 1 .
 TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 70 .
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 71 (Doble incriminación).- En los casos de cooperación
 jurídica penal internacional, la misma se prestará por los tribunales
 nacionales o la Fiscalía General de la Nación cuando corresponda su
 intervención, debiéndose examinar por el Juez, si la conducta que
 motiva la investigación, enjuiciamiento o procedimiento, en el Estado
 requirente, constituye o no delito, conforme al derecho nacional.
 Tratándose de cooperación de mero trámite, respecto de notificaciones,
 citaciones, emplazamientos e intimaciones, así como en referencia a la
 recepción de declaraciones de testigos, víctimas y peritos, no será
 necesaria la existencia de doble incriminación. (*) (*) Notas: Redacción dada por: Ley Nº 20.469 de 19/03/2026 artículo 1 .
 TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 71 .
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 72 (Situaciones especiales).- En los casos de solicitudes de cooperación jurídica penal internacional relativas a registros, levantamiento del secreto bancario, embargo, secuestro y entrega de cualquier objeto, comprendidos, entre otros, documentos, antecedentes o efectos, el tribunal nacional actuante diligenciará la solicitud si determinara que la misma contiene toda la información que justifique la medida solicitada. Dicha medida se someterá a la ley procesal y sustantiva de la República.
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 73 (Rechazo de las solicitudes).- Las solicitudes de cooperación jurídica penal internacional podrán ser rechazadas por los tribunales nacionales encargados de su diligenciamiento, cuando concluyan que las mismas afectan en forma grave, concreta y manifiesta el orden público, así como la seguridad u otros intereses esenciales de la República.
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 74 (Prohibición de actuaciones).- Las autoridades o particulares pertenecientes a los Estados requirentes de cooperación no podrán llevar a cabo en el territorio de la República actuaciones que, conforme a la legislación nacional, sean de competencia de las autoridades del país.
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 75 (Datos insuficientes o confusos).- Cuando los datos
 necesarios para el cumplimiento de la solicitud de cooperación
 jurídica penal internacional sean insuficientes o confusos, el
 tribunal actuante o la fiscalía penal interviniente, cuando
 corresponda su intervención, podrá requerir la ampliación o aclaración
 de los mismos a la autoridad extranjera requirente vía Autoridad
 Central, la que trasmitirá de forma urgente la solicitud de ampliación
 o aclaración. En los casos en que la solicitud de cooperación penal
 internacional no se cumpla en todo o en parte, este hecho, así como
 las razones que motivarán su incumplimiento, serán comunicados de
 inmediato por el tribunal o fiscalía actuante a la autoridad
 extranjera requirente a través de la Autoridad Central. (*) (*) Notas: Redacción dada por: Ley Nº 20.469 de 19/03/2026 artículo 1 .
 TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 75 .
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 76 (Extradición).- Procederá la extradición de los delitos
 establecidos en los artículos 30 a 33 y las actividades delictivas
 precedentes señaladas en el artículo 34 de la presente ley. (*) (*) Notas: Redacción dada por: Ley Nº 20.469 de 19/03/2026 artículo 1 .
 TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 76 .
 Artículo 77 (Regulación de eventuales responsabilidades).- La legislación interna de la República será la encargada de regular eventuales responsabilidades por daños que pudieran emerger de actos de sus autoridades en ocasión de la prestación de cooperación penal internacional requerida por autoridades extranjeras. La República Oriental del Uruguay se reserva el derecho de repetir contra los Estados requirentes por eventuales indemnizaciones que pudieren emanar del diligenciamiento de solicitud de cooperación jurídica penal internacional.

 El pedido de cooperación jurídica penal internacional formulado por una autoridad extranjera importará el conocimiento y aceptación por dicha autoridad de los principios enunciados en los incisos precedentes, todo lo cual se hará saber a la requirente, por la mencionada Dirección de Cooperación del Ministerio de Educación y Cultura, una vez recepcionado por esta última el respectivo pedido de cooperación.
 
 Referencias al artículo 
 
 Artículo 78 (Remisiones).- Las remisiones a la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004, en la redacción dada por la Ley N° 18.494, de 5 de junio de 2009 y sus modificativas en materia de control y prevención de lavado de activos, se entenderán hechas a la presente ley.
 Artículo 79 (Derogaciones).- Deróganse los artículos 54, 55, 56, 57, 62 y 63 del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, en las redacciones dadas por las Leyes N° 17.016, de 22 de octubre de 1998, N° 18.494, de 05 de junio de 2009 y N° 19.149, de 24 de octubre de 2013, los artículos 4°, 5°, 13 y 20 de la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004, los artículos 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9° y 19 de la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004, en las redacciones dadas por las Leyes N° 18.494, de 05 de junio de 2009, N° 18.914, de 22 de junio de 2012 y N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015, artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 9,° 10 y 11 de la Ley N° 18.494, de 05 de junio de 2009, los artículos 2° y 3° de la Ley N° 18.914, de 22 de junio de 2012, el artículo 49 de la Ley N° 19.149, de 24 de octubre de 2013 y todas las normas que se opongan a la presente ley. TABARÉ VÁZQUEZ - EDUARDO BONOMI - RODOLFO NIN NOVOA - DANILO ASTORI - JORGE MENÉNDEZ - MARÍA JULIA MUÑOZ - VÍCTOR ROSSI - CAROLINA COSSE - NELSON LOUSTAUNAU - JORGE BASSO - TABARÉ AGUERRE - LILIAM KECHICHIAN - ENEIDA de LEÓN - MARINA ARISMENDI 
 
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